El diputado nacional Javier Tineo explicó que la decisión del gobierno nacional de expropiar el 51 por ciento de las acciones de la firma YPF implica que “la mayoría accionaria de la empresa queda en manos del Estado y el 40 por ciento en manos de accionistas privados. Con lo cual las decisiones quedan en manos del Estado Nacional pasando a ser el petróleo parte de la soberanía nacional”.

“Esta empresa fue devastada por el grupo español Repsol, la plata que sacaban de los hidrocarburos argentinos se la llevaban a otros países, era una vergüenza. Todos sabemos los problemas de abastecimiento que sufríamos. Argentina históricamente se autoabasteció y por esta situación Argentina debía salir a comprar gas y combustible a otros países” dijo y precisó que “el año pasado REPSOL exportó 300 mil millones de dólares y el Estado debió importar 90 mil millones de dólares para sostener el crecimiento del país”, dijo el legislador.

Para Tineo es fundamental controlar este recurso, porque no podremos asegurar el crecimiento del país, si las decisiones sobre los hidrocarburos solo son guiadas por las ganancias que podían obtener empresarios privados en detrimento de las necesidades del país.

Respecto a las reacciones españolas ante el anuncio de la presidente Cristina Kirchner, Tineo consideró que “los españoles se van a enojar, y no hay que pasarse de patoteros. Esto es parte de nuestro territorio y de nuestros recursos y está claro que hay un Gobierno dispuesto a defenderlos”.

En este marco, consideró que “ningún Gobierno del mundo puede señalar a la Argentina como un país hostil. Deben tener claro que vamos a defender nuestra soberanía. No es una decisión en contra de, sino a favor de nuestro pueblo”.

Por su parte, su par Griselda Herrera confió que “es un orgullo como ciudadana argentina, una gran alegría, participar como legisladora nacional del debate formal sobre el anuncio presidencial”.

Por ello, Herrera anticipó que desde el FPV “vamos a dar una gran debate sobre los puntos de vista y planteos de la oposición que cuestiona esta decisión”.

El proyecto de expropiación K

El Gobierno nacional anunció formalmente el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF, a un precio que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la declaración de “interés público y nacional” al “autoabastecimiento de hidrocarburos”.

El proyecto lleva por título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. En lo esencial, tiene varios puntos de contacto con el texto que había trascendido la semana pasada y que ya era analizado por legisladores oficialistas, aunque éste incorpora los reclamos de las provincias productoras de hidrocarburos.

El primer artículo del proyecto, de un total de 19 y que hoy mismo será enviado al Parlamento, declara “de interés publico nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y “la explotación, industrialización, trasnporte y comercialización de hidrocarburos”.

Ese marco es el que permite la parte más sustancial del proyecto: la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación” del 51% de YPF Sociedad Anónima. Esas acciones, especifica el proyecto, se repartirán entre el Estado Nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI) de modo tal que el Estado nacional tendrá el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99%.

El texto establece, además, que el 51% a expropiar estará “representado por igual porcentaje de las acciones Clase D pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima”; que el ejercicio de los derechos accionarios de las provincias, además, se realizará “en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”, y que “se encuentra prohibida la transferencia posterior de tales acciones (las expropiadas) sin la autorización del Congreso de la Nación”.

El proyecto que tratará el Congreso Nacional fija también la “remoción de los directores y síndicos titulares y suplentes” y estipula que “la designación de los directores se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa”.

Pese a que, si se aprueba la ley –algo previsible dada la mayoría legislativa del oficialismo- el Estado pasará a controlar el 51% de la petrolera –la mayor empresa del país-, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad Anónima y el de una conducción profesionalizada”.

Más allá del capítulo sobre la expropiación del 51% de YPF, el proyecto establece también que, en el marco de la soberanía hidrocarburífera, el Estado “arbitrará las medidas conducentes” para, entre otros objetivos, la “conversión de recursos en reservas comprobadas y su explotación”; la “integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas”; la “maximización de las inversiones”; la “promoción de la explotación y comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado” y la “explotación racional” de los recursos. Asimismo, crea un “Consejo federal de hidrocarburos” en el que participarán los ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria y que promoverá “la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales”.