© Tucumán Noticias | 19/4/2012-00:00 hs. |

Con el apoyo de la mayoría oficialista, la Legislatura avalará hoy el proyecto del Poder Ejecutivo para que la Caja Popular de Ahorros y de la Provincia de Tucumán le entregue, por los próximos 50 años, a la firma Impresora Internacional de Valores S.A.(IVISA), la concesión del ex hotel Savoy.

El histórico inmueble, según la iniciativa del alperovismo, deberá ser destinado a la "a la explotación de la actividad de hotelería y casino".

Actualmente, dicha empresa tiene a su cargo el usufructo de las máquinas de pulso o tragamonedas que se encuentran instaladas dentro del Casino de Tucumán.

El proyecto que se abordará en la sesión prevista para hoy, a partir de las 8, establece que IVISA deberá realizar una inversión de 55 millones de pesos en un plazo de 24 meses y que el Tribunal de Cuentas el encargado de controlar de que esto se cumpla.

En momentos en que la provincia, al decir del propio Poder Ejecutivo, ha profundizado el tema recaudatorio aduciendo el retaceo por parte de Nación de fondos coparticipables, llama la atención, y seguro será tema de debate dentro del recinto, que el proyecto contemple eximir a esta firma del pago del impuesto a los Sellos mientras dure la conseción (medio siglo). Esta medida no hace más que abonar las sospechas de la oposición en torno a los favores que el Gobierno le otorgó a IVISA, que logró acceder a créditos del Estado por un monto superior a la inversión que realizó desde su desembarco en Tucumán.

Por otro lado, con la aprobación del proyecto también se extenderá el plazo del contrato de concesión a IVISA para la explotación de las tragamonedas, cuyo actual vencimiento opera en 2025.

Desde la oposición ya adelantan su rechazo a la iniciativa. Tal es el caso del bloque radical, uno de cuyos integrantes, Federico Romano Norri se preguntó por qué, en lugar de hacer una licitación pública para la puesta en funcionamiento de un nuevo hotel en el ex Savoy “garantizando una igualdad de oportunidades”, el gobierno otorga la explotación “a esta empresa que no tiene buenos antecedentes, porque no viene cumpliendo los contratos que corresponden”.

Otro de los temas que tratarán los parlamentarios es la incorporación al municipio de San Isidro de Lules de la localidad de Los Chañaritos, actual jurisdicción de la Capital, y la restitución de unos terrenos expropiados a la escuela Agro técnica de Famaillá, ya que habían sido cedidos, por medio de una Ley a la municipalidad de esa ciudad para la instalación de un parque industrial. Esta última medida había generado el rechazo de la comunidad toda y el desplazamiento del director del establecimiento educativo, quién se encuentra apartado de sus funciones bajo una instrucción administrativa.

Los parlamentarios también darán curso a la designación de nuevos magistrados que fueron propuestos por el gobernador José Alperovich.