El tema: la recapitalización del Banco de Corrientes. Consideran que Ricardo fue en contra de lo que establece la Carta Magna provincial al disponerla a través de decreto, ya que la conformación accionaria de la entidad crediticia (el 96,5% pertenece al Estado provincial), obligaría que se realice por ley, con acuerdo general de ministros. Además, señalaron otras falencias de relevancia, según su perspectiva.

Dos proyectos emanados del bloque del Frente para la Victoria solicitan informes al Ejecutivo provincial. Se trata de las iniciativas de la senadora María Inés Fagetti de Mansutti y del diputado Tamandaré Ramírez Forte. En sus escritos consideran que el gobernador, Ricardo Colombi, violó la Constitución provincial a través del Decreto Nº1.747, destinado a recapitalizar el Banco de Corrientes.

Si bien ambos proyectos pasaron a comisión para su estudio, los legisladores justicialistas consideraron necesario, en las últimas horas, informar a través de los medios de qué se tratan las observaciones señaladas al titular del Ejecutivo provincial.

El bloque del FpV considera que Ricardo Colombi violó la Constitución provincial con el decreto destinado a la recapitalización el Banco de Corrientes. Es que sobre este detalle juega un detalle más que importante. La conformación accionaria de la entidad crediticia local tiene al Estado provincial como el principal accionista, con el 96,5 por ciento de las acciones, por ello es que la recapitalización no debe realizarse por decreto, sino por ley, y con acuerdo general de ministros.

Así lo señalan los proyectos de Fagetti de Mansutti y Ramírez Forte, donde además agregan, a modo de referencia, en los fundamentos, que el Banco Central de la República Argentina considera al Banco de Corrientes como un banco público.

DOS DETALLES

A su vez, los legisladores de la oposición cuestionan que el decreto de Colombi, fechado el pasado 10 de agosto de 2011, tiene dos falencias importantes: "No utiliza la palabra 'necesidad' que el Banco 'recupere liquidez' y no establece montos ni tiempo".

FINBACOR

Los proyectos, hacen referencia también a la Resolución Nº208/1994 de la Superintendencia de Entidades Financieras y del Acta de Cierre de los Fideicomisos Finbacor I y II/2011, mencionados en el Decreto respecto de que "debían incorporarse al patrimonio del Banco de Corrientes SA los activos subyacentes del Fideicomiso Finbacor II, a los efectos de reforzar su solvencia".

El Finbacor II Está compuesto por inmuebles y demás propiedades inmobiliarias que son tenidas por la entidad como "garantías de deudas no pagadas".

Ante esto, Ramírez Forte asegura que "el Estado provincial no debe transferir los activos subyacentes del Finbacor I y II porque es potestad de la Legislatura la venta de tierras públicas mediante una ley".

En el proyecto del bloque opositor de la Cámara baja se le pone condimento tajante al señalar que "el Decreto Nº1.747 es inconstitucional por donde se lo mire", a la vez que agrega que "el Gobernador reconoce primero que la venta de tierras públicas se debe realizar mediante ley, pero saca este decreto", y luego expresa "que no resulta práctico la implementación acordada, teniendo en cuenta los actos y gestiones que se requieren para su concreción", porque según expresiones del mandatario, los "actos y gestiones para obtener una ley le son complicados".

Tras señalar este último detalle, el diputado pejotista expresa: "Entonces violemos la Constitución nomás". Lo hace dentro de los fundamentos del proyecto a través del cual se solicita informe detallado al Poder Ejecutivo provincial "sobre violación del artículo 118, incisos 16 y 17 de la Constitución provincial, al dictar el Decreto Nº1.747/11".

Fagetti de Mansutti indica que "el decreto es muy escueto, no establece el monto ni plazos", a la vez que afirma que lo que se busca es "saber también de dónde saldrán los recursos para esa recapitalización; qué piensa hacer el Estado provincial con los activos remanentes del Fibancor II, que tendrían que haberse traducido en la venta de esos inmuebles".

En este sentido, la Senadora peronista cuestionó que el Gobernador considerare esa operación "poco práctica", por el hecho de que eso requiere una ley de la Legislatura.

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