En dicha reunión se analizó la situación de la seguridad en nuestra ciudad, como así también la cuestión relativa al pleno cumplimiento de las garantías ciudadanas, en conjunto a la necesidad de revisar la legislación vigente en torno a los protocolos y códigos de conducta de la fuerza de seguridad.

En este sentido, la legisladora Contreras se expresó acerca de los acontecimientos recientes que involucraron presuntos abusos policiales y manifestó: “Debe realizarse una exhaustiva investigación acerca de estos hechos acontecidos que vinculan a la fuerza policial en presuntos abusos de autoridad, apremios ilegales y actuaciones que estarían fuera de la legalidad, los cuales, de ser confirmados, deben ser repudiados y sus responsables separados de inmediato de la fuerza, ya que es el Estado el garante de los derechos de todos los ciudadanos y el primero en deber respetarlos”.

Agregó que “Se debe clarificar esta situación a través de testigos, pericias, y demás pruebas que no dejen dudas, que den veracidad a las declaraciones sobre las aprehensiones, y a base de ello tomar todas las medidas que correspondan”. Sin embargo, aclaró: “Son cuestiones muy sensibles para la ciudadanía y para la misma fuerza policial que también está apostando al cambio, y rescata que lo importante es que hay una voluntad no solo institucional, sino también política de reforma con medidas concretas”.

En tanto, la legisladora Silvia Paz remarcó: “Hoy, en Bariloche, con todas las problemáticas que tenemos necesitamos una policía que esté realmente al servicio de la comunidad, que trabaje en la prevención del delito y, obviamente, para ello necesitamos mejorar las condiciones de trabajo y de capacitación de la institución, lo cual lleva un proceso gradual en lo técnico pero sustancialmente en lo cultural y, al mismo tiempo, se hace explícita la necesidad de poder recuperar la credibilidad social de la fuerza”.

En la reunión, el jefe de la Regional Tercera, José Luis Tejada, subrayó: “Hubo un relevamiento de todas las autoridades policiales, se cambió toda la cúpula de la misma, y es así que en estos dos meses están en función los nuevos jefes de las distintas unidades regionales de la Provincia, personas con gran capacitación y voluntad de reformar la fuerza, como es el caso del flamante Subcomisario Tellería a cargo de la Comisaria N° 28. Tratamos de acercarnos a la sociedad y, al mismo tiempo, combatir y prevenir el delito”.

Además, destacó: “Se está planificando la disposición final y puesta en funcionamiento del sistema de videocámaras como medio de prueba que facilite la investigación del delito y el control interno de dependencias penitenciarias y policiales. También, se busca ampliar la asistencia psicológica para el personal que cumple tareas en la vía pública, ya que esta debe ser una de las herramientas más importantes junto a una reforma amplia en los contenidos de formación para evitar y prevenir situaciones de uso excesivo de la fuerza en aprehensiones y situaciones de confrontación, las cuales, de ser confirmadas, serán castigadas con el peso de todos los reglamentos y marco legal vigente ”. Tejada concluyó: “Desde la fuerza somos los primeros que queremos recuperar la confianza de la sociedad en el cumplimiento de la ley”.

Asimismo, las legisladoras subrayaron: “La fuerza policial debe ser el último eslabón en la prevención y lucha contra el delito, situación que muchas veces no se cumple dado que en la mayoría de los casos actúa en situaciones de riesgo incontenibles porque las demás instituciones del Estado han fallado, dejando en claro la falta de equilibrio en los esfuerzos de todas la instituciones que existen para proteger a la sociedad”. Las parlamentarias añadieron: “La Policía no puede dejar de cumplir su función, debe actuar cuando se está cometiendo un delito dentro del marco legal y de los procedimientos adecuados, y es vital la tarea preventiva de otras áreas como el área social y educativa para que no se lleguen a situaciones extremas”.

Para finalizar, indicaron: “La reestructuración abarca toda una nueva política policial, judicial, penitenciaria que debe ser profunda y en la que también se requiere la participación seria de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación para la concientización de la responsabilidad que a cada ciudadano como tal le corresponde”.