Se debe tener en cuenta que, en el procedimiento, se dispondrá el secuestro de los vehículos sin patente o sin documentación que los habilite para circular, poniéndolos a disposición de la Dirección de Tránsito municipal.

No obstante, ante estas restricciones, en la práctica, son muchos los lavacoches que infringen la resolución y continúan realizando este trabajo en la vía pública. Se trata de un problema de difícil solución, pero que sin embargo y, de manera curiosa, toda la responsabilidad recae en los automovilistas que utilizan este servicio ya que, según manifestaron, son ellos –exclusivamente– quienes reciben las multas y no los lavacoches, entendiéndose que estos últimos tienen la mayor carga de responsabilidad sobre este punto. Según se supo, las multas ascienden hasta los $800, una cifra que muchas veces se torna difícil de pagar.

A raíz de esta situación, son los usuarios de los lavaderos los que se mostraron molestos, ya que de acuerdo con lo que manifestaron, “las reglas deben ser las mismas para todos y si se nos sanciona a nosotros también deben ser sancionados los lavacoches”. Pero, si se va un poco más allá, vale preguntarse: ¿Qué sucede con quien lleva un vehículo a uno de estos lugares: sabe fehacientemente que no está habilitado? ¿Por qué se permite que permanezcan abiertos al público, significando una “‘trampa cazabobos” a cada uno de los automovilistas que deja su vehículo allí para que lo laven? ¿Por qué no existe una tarea de prevención para alertar a los conductores que no deben “pisar el palito”? Y ¿qué sucede con aquellos lavadores que deambulan por las calles y que están a la expectativa de la llegada de un vehículo para ofrecer su servicio? ¿Qué ocurre con el turista que va a un restaurante céntrico y, mientras almuerza o cena, ayuda económicamente a quien desea trabajar o que por temor a que le dañen el rodado decide hacerlo lavar? ¿Quién está exento de que esto no le ocurra? Demasiados interrogantes para pocas respuestas.