El acoso hacia los inmigrantes, según la representante de la ONG encargada de informar y asesorar a la comunidad sobre la polémica legislación, llega hasta el punto de "recibir comentarios discriminatorios en sus puestos de trabajo" y hasta ser atacados con "huevos y naranjas por el hecho de ser latinos".

Mendoza hace hincapié en que el trato recibido por los hispanos de ese estado nunca fue del todo amigable pero ahora "desde que se aprobó la ley es peor”. "Algunas veces cuando caminas en la calle se siente el odio”, señaló la cooperante en diálogo con esta agencia.

El resultado de todo esto es que con "tanta tensión que hay ahora en Arizona, la gente se está yendo a diferentes estados como Los Angeles o Nuevo México" , porque "tienen miedo", aseguró Mendoza quien reside en Arizona hace 20 años.

Sin embargo, la decisión de vender las pertenencias e irse no la toman sólo los indocumentados sino también los latinos que por más de haber nacido en los Estados Unidos o haberse convertido luego en ciudadanos, eligen marcharse por la atmósfera que se vive y por el trato que reciben al ser identificados como latinos.

Por su parte, Patricia Balderas, también de la organización Puentes agregó que vivir en Arizona "va a ser muy incómodo y no es justo, pues la norma viola nuestros derechos civiles, sino también nuestros derechos como seres humanos de vivir libremente", Balderas, que desde hace dos años vive en Arizona, tras mudarse desde Chicago, ilustró su denuncia con el caso de un señor de 60 años que pese a tener su documentación al día decidió volver a México para evitar el persistente acoso de que era objeto.

Tanto para Alma como para Patricia, las esperanzas de que el próximo jueves la ley SB 1070 no pueda ser implementada siguen firme. Y así lo harán saber ese mismo día en una movilización que planean realizar frente al Capitolio local junto a otras organizaciones.

Allí, renovarán su reclamo dirigido directamente al gobierno federal para que más allá de hacer una demanda contra la medida, "revoque la ley que viola los derechos que de por sí tenemos".

"El presidente Barack Obama tiene el poder de venir aquí a Arizona y parar esto. Que venga y nos ayude", exigieron.

La ley en discusión criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense y otorga el derecho a la policía de realizar arrestos selectivos y arbitrarios ante la sola sospecha de que una persona tenga un estatus migratorio irregular.

Por ahora todos los ojos están puestos en la decisión que tome -antes del jueves próximo- la jueza Susan Bolton, de la corte de distrito de Phoenix, un dictamen que puede redefinir el rol histórico del Gobierno federal en las políticas migratorias y tendrá un impacto significativo en el mapa político estadounidense, de cara a las elecciones legislativas de noviembre.