Mientras sus ministros definían cómo continuarán las restricciones ante la segunda ola de la pandemia, Horacio Rodríguez Larreta se reunía en otra parte de la Casa  Rosada con los Ministros Martín Guzmán (Economía) y Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) para intentar consensuar la cifra que destinará la Nación a la Ciudad en el marco del traspaso de la Seguridad a la órbita porteña. De fondo, el conflicto por los fondos de la coparticipación, que Alberto Fernández recortó en septiembre pasado y por los cuales la administración larretista acudió a la Corte Suprema.

Tras varias invitaciones rechazadas desde enero - las convocatorias estaban estipuladas en la ley sancionada en diciembre que formalizó el traspaso de la Policía - de manera sorpresiva Rodríguez Larreta aceptó hace 10 días sentarse a conversar con los ministros. En el medio el máximo tribunal ya había comenzado a convocar a las partes en el marco del pedido de inconstitucionalidad que había interpuesto la ciudad.

 

Desde Nación informaron tras el encuentro que los funcionarios y el Jefe de Gobierno "definieron avanzar en la conformación de equipos técnicos en el marco del diálogo por los recursos para el traspaso de los servicios de seguridad a la órbita porteña, tal como fija la Ley 27.606 aprobada por el Congreso". 

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"El presidente Alberto Fernández se comprometió durante la campaña de 2019 a construir un país más equitativo y federal. En ese marco, la decisión del Gobierno nacional fue subsanar un acto discrecional realizado por el gobierno anterior y ponerle fin a los privilegios", dijo de Pedro una vez finalizado el encuentro.

 

 

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires comunicó que Rodríguez Larreta "reafirmó su permanente predisposición al diálogo para acordar el traspaso del sistema de Seguridad Pública en forma ordenada y consensuada". Y precisaron que "tal como fue acordado en la última audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ambas partes volverán a reunirse en dicha instancia el próximo miércoles 26 de mayo". 

A su vez, recordaron que el encuentro fue aceptado en el marco de la instancia de diálogo abierta por la Corte Suprema y no según lo dispuesto por la ley sancionada a fines de 2020. En Parque Patricios consideran imposible abrir las negociaciones bajo el paraguas de la ley ya que esa misma normativa fue la que solicitaron declarar inconstitucional ante la Corte Suprema.

 

El conflicto por la coparticipación de la ciudad rompió la armonía que habían construído Rodríguez Larreta y Fernández en el marco del trabajo conjunto durante la pandemia. Por la quita la Ciudad estima que dejará de recibir en 2021 $ 65.000 millones.

Las tensiones por "la copa" se remontan al inicio del gobierno de Mauricio Macri cuando lo percibido por la Ciudad de Buenos Aires pasó de 1,4% a 3,7%, luego reducido a 3,5%, para cubrir los gastos de la Seguridad. A principios de 2020, con Alberto Fernández ya en la presidencia, los equipos técnicos de ambas jurisdicciones comenzaron el diálogo para reacomodar los puntos porcentuales que desde Nación consideran excesivos y no justificados. La pandemia obligó a postergar las conversaciones.

En septiembre, con una revuelta de policías bonaerenses frente a la Residencia de Olivos, Fernández firmó un decreto a través del cual redujo del 3,5% al 2,3% la coparticipación de Ciudad. El recorte se justificó en que era necesario derivar esos fondos a la Provincia para que atienda cuestiones de seguridad y que había sido incorrecto el aumento que le había realizado Macri. Horacio Rodríguez Larreta recurrió a la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad.

 

A fin de año el Congreso aprobó la ley 27.606 que selló el traspaso de la Seguridad al ámbito porteño, estableció que se debía abrir una mesa de negociaciones entre Nación y Ciudad para fijar la suma que recibiría el Gobierno porteño y, en el mientras tanto, se determinó que se traspasarían $ 24.500 millones para 2021. Ese número dejaría a la coparticipación porteña en 1,4%, los mismos puntos que percibía cuando Macri llegó al Gobierno. Rodríguez Larreta ya había avisado que era insuficiente y amplió el pedido de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal.