VIEDMA (AV).- El ministro de Gobierno, Diego Larreguy, y el flamante secretario de Seguridad, Víctor Cufré, anunciaron que presentarán un pedido de juicio político contra la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, quien días atrás acusó a ambos de estar vinculados con organizaciones relacionadas con el delito. Admitieron que ya han tomado contacto con legisladores del oficialismo para impulsar la iniciativa.

Junto al jefe de la Policía, Jorge Villanova, la plana mayor y el gabinete de la Secretaría de Seguridad, los funcionarios confirmaron también que denunciaron penalmente a los concejales de Roca que manifestaron que en esa localidad existe una zona liberada. "Decir eso es invitar a los delincuentes a ir a trabajar allí", sostuvo Larreguy, por lo que calificó la acción como una instigación al delito.

Los funcionarios no ahorraron acusaciones contra la defensora y el intendente de Roca, Carlos Soria. Cufré pretendió leer un largo escrito en el que detalló otra vez la sustracción de un vehículo de la Defensoría del Pueblo en Buenos Aires, sobre lo cual mencionó que era utilizado por el esposo de la funcionaria. Aseguró que en ese caso la defensora no hizo demasiado para averiguar lo ocurrido.

Luego, fue más lejos y, extrayendo documentación, recordó que un empleado de la Defensoría fue detenido con droga en 2008 y que meses atrás a una hermana del joven se le secuestró una cantidad importante de la misma sustancia. "Tenía en su poder un recibo de sueldo del hermano, quiere decir que la defensora del Pueblo le sigue pagando", expresó Cufré, haciendo gala de contar con información privilegiada.

A Soria lo acusó de tener motivo para cuestionarlo "ya que en los últimos meses secuestramos 200 kilos de droga que no ingresó al Alto Valle y capaz que eso a él le molesta", indicó.

Larreguy, que por momentos era interrumpido por Cufré, destacó la capacidad de trabajo del ex jefe y mencionó que "trabaja 12 horas por día, tiene 37 años en la fuerza, no registra un solo proceso penal, condujo la fuerza de modo excelente, fue leal con el gobernador y sus camaradas", como argumentos para designarlo en la cartera de Seguridad.

Ambos negaron vinculación de la Policía con la trata de personas. Cufré expresó que no tuvo relación con la cesantía del oficial Ormeño, quien colaboró con la jueza Marisa Bosco en una investigación sobre trata que involucra a policías. Larreguy aportó que la cesantía fue firmada por el ex secretario de Seguridad Marcial Peralta. Luego, Cufré dijo que "yo no dejé que la jueza Bosco dispusiera libremente del personal policial queriéndose meter en la conducción" y se preguntó "¿qué conocerá Ormeño de Bosco, Piccinini y de Soria?".

Con respecto a las acusaciones de Piccinini sobre las muertes en las comisarías ocurridas durante la gestión de Cufré, dijeron que se iniciaron los correspondientes sumarios.

Dijeron que aunque respetan a la Justicia no acuerdan con que se le permita a la defensora hacer uso de los fueros. Larreguy admitió después que la eliminación del delito de calumnias e injurias fue el argumento usado por la justicia, y no los fueros. "Pero en el plano civil persigue el objetivo de la compensación pecuniaria y en realidad uno no busca plata, sino un resarcimiento moral", sostuvo Larreguy.