Roca.- El ministro de Gobierno Diego Larreguy y el vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Alberto Balladini, se reunieron en la ciudad de General Roca a los fines de analizar la situación carcelaria en la provincia, especialmente en el Establecimiento de Ejecución Penal N°2.
La reunión se desarrolló durante la noche del viernes en el edificio de la Ciudad Judicial de General Roca y participaron además el Secretario de Seguridad y Justicia Víctor Cufré, el Jefe de Policía Jorge Villanova, el titular del Establecimiento de Ejecución Penal N°2 Darío Chacón, el Juez de Ejecución Penal Juan Pablo Chirinos, el juez de Villa Regina Favio Igoldi, entre otros asesores y funcionarios.
El tema central del encuentro fue la situación en el penal roquense, allí las autoridades provinciales detallaron que se resolvieron los problemas para la adquisición de los alimentos para los internos y se detalló que se está cumpliendo la manda judicial que ordenó que se implemente en el penal un menú variado, con alimentos frescos, secos y carnes elaborado por un nutricionista.
Larreguy y Cufré ratificaron ante las autoridades judiciales que se avanzará en la implementación de medidas que permitirán oxigenar la situación del penal roquense, entre las que mencionaron las obras que se realizarán para rehabilitar dos pabellones, clausurados por la Justicia, con una inversión que rondará los 600 mil pesos y que permitirá además separar a los internos condenados de los procesados, cumpliendo así con un planteo del Poder Judicial de larga data.
También se confirmó la pronta apertura de la cárcel de la ciudad de Cipolletti, la cual se inaugurará antes de fin de año, para lo cual ya se están capacitando 75 penitenciarios que egresarán en noviembre y que tendrán la responsabilidad de atender a los entre 70 y 100 internos que serán trasladados a la nueva unidad, que será la primera de la provincia en estar exclusivamente a cargo del SPP.
En el encuentro se coincidió en que una medida que permitiría descomprimir la situación del penal roquense sería el traslado de un grupo de internos condenados, de entre 20 y 30, al Establecimiento de Ejecución Penal N°1 de Viedma, que actualmente se encuentra trabajando a la mitad de su capacidad de alojamiento y cumpliendo con las mandas judiciales que ordenan que condenados y procesados permanezcan alojados en diferentes sectores del penal.
Larreguy consideró también que gran parte de la responsabilidad del presente del penal roquense corresponde a la Justicia, ya que del total de la población, que roza los 340 internos, más de 140 son internos que aún se encuentran en proceso judicial y sin condena, por lo que reclamó la necesidad de agilizar los tiempos procesales.
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