“Desde 2003 venimos reclamando al gobierno nacional junto con los vecinos de Haedo la sesión de las 32 hectáreas sobre un total de más de 50, ya que casi la mitad del terreno sigue siendo operativo para TBA. Lo aclaro porque hay errores gruesos en las palabras del concejal Jorge Costas en la última sesión del Concejo”, explicó Larrache.

Semanas atrás y como informó este medio en su edición anterior, desde la Unión Industrial del Oeste le habían solicitado a la diputada nacional Margarita Stolbizer que defina su posición con respecto al proyecto. Es que referentes locales de su espacio político, el Gen, se pronunciaron en contra de la creación de un futuro Parque Industrial (Cantábrica II) en terrenos que hoy utiliza el ferrocarril Sarmiento. Las críticas se realizaron en una conferencia de prensa convocada por el concejal Costas, el asesor del Senado bonaerense Martín Culatto y la convencional del Gen, Analía Zapulla. Luego, el edil continuó sus críticas al plan oficial en el Concejo Deliberante.

Según el secretario de Planeamiento Estratégico, luego de analizar las demandas de las instituciones de la zona y de los vecinos, el Municipio comenzó a solicitar esas tierras para “la ampliación del parque industrial; la generación de espacios públicos y verdes, con apertura de calles y una serie de equi-pamientos comunitarios; y para atender la necesidad de la UTN Regional Haedo que nos planteaban sus intenciones de crecer y tener su campus y la sede administrativa en ese lugar”.

Este ambicioso proyecto fue lanzado en 2005 como uno de los emprendimientos del Plan Estratégico de Morón. Rápidamente, surgió el primer obstáculo legal: al ser terrenos del Estado Nacional y con un valor superior a los 300 mil pesos, por Ley se prevé que la Nación los entregue a cambio de una transacción comercial. “Por lo tanto –argumentó Larrache– hay que tasar el inmueble y ver cómo se generan esos recursos. Lo hemos conversado infinidad de veces con los Consejos Vecinales de Haedo y de Morón, con la Universidad de Morón, y hasta incorporamos el tema en las discusiones que hubo en torno a la reforma del Código Urbano de unos años atrás. El proceso participativo se ha dado y se da permanentemente”.

El funcionario aclaró que no todos los sectores consultados tenían los mismos intereses y destacó que existe un grupo de vecinos e instituciones que bregan para que todo ese espacio se transforme en un área pública, libre de industrias. “Compartimos ese criterio y durante los 10 años de la gestión de Martín Sabbatella lo demostramos”, justificó Larrache al tiempo que agregó: “Para satisfacer todas las demandas nuestra propuesta es que se urbanice el 40%, mientras que el 60% restante se conviertan en espacios públicos, con apertura de calles para mejorar la circulación en la ciudad”.

Desde el Ejecutivo indicaron que La Cantábrica, administrada por el EPIBAM (un ente privado y público a la vez, con injerencia de la Provincia de Buenos Aires) es un modelo reconocido a nivel nacional y provincial de lo que debe ser un parque PyME urbano.

La mayor preocupación de los vecinos del lugar es el medio ambiente. “Hemos accedido a un subsidio de la Unidad de Inversión del Ministerio de Economía para hacer un estudio de Impacto Ambiental para determinar qué tipo de industrias podrán venir. Esto no está digitado previamente, ni armado para tal o cual empresa”, detalló Larrache y añadió: “Costas se equivocó o no está bien informado pero ha dicho que nos estábamos endeudando en millones de dólares, un error garrafal porque quien ha tomado el préstamo es el Ministerio de Economía de la Nación que nos da ese aporte de manera no reintegrable”.

El secretario de Planeamiento también desmintió las versiones de Costas acerca del supuesto cierre de los talleres del ferrocarril. “Se nota que ni siquiera vio los planos o es que tiene otra intención porque hoy se discute la mitad de esos terrenos. El resto continuarán bajo la órbita de TBA”