Desde temprano tal como adelantó InfoBAN mediante su enviado especial, familiares directos y representantes de organizaciones de familiares víctimas de la inseguridad como las Madres del Dolor, AVUPA (Asociación de vecinos unidos por Agustín) y otras entidades se convocaron al anexo del Senado provincial, para repudiar la posible absolución del juez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari.

Y finalmente este mediodía se confirmó que el controvertido juez no enfrentará el Jury de Enjuiciamiento. El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien apoyó a los familiares de víctimas en el pedido de juicio político, sostuvo que “seguiremos adelante, hay recursos de inconstitucionalidad presentados que esperamos que nos devuelvan al juicio. Esto no fue una absolución, esto fue sacar a las familias, a las víctimas del jury de enjuiciamiento, sacarlas por una exigencia de una caución de 180 mil pesos. Solamente esos 180 mil pesos aseguraban que era para tratar una falta grave, no por los delitos, razón por la cual con anterioridad estaban presentados los recursos de inconstitucionalidad.”

Respecto a la posibilidad de seguir adelante Posse agradeció “a los legisladores que votaron en disidencia, porque de esa disidencia nos van a dar fortaleza.”

En la puerta del anexo del Senado provincial, ubicado en calles 7 y 49, del centro platense, donde los familiares no fueron autorizaos a ingresar, la presidenta de Madres del Dolor, Viviam Perrone, dijo que “a las víctimas y a los familiares, hoy con el dolor que tengo, lo que les puedo decir es que se busquen un amigo juez, porque éste es el mensaje que nos están dando en nuestro país. A veces decimos que los jueces se sienten poderosos, hoy el mensaje que nos dieron es que son poderosos.”

Perrone lamentó que al no proceder el jury de enjuiciamiento no explicará “porqué dejó en libertad a estos delincuentes, a estos violadores”, en referencia a acusados de delitos que fueron liberados y volvieron a protagonizar sangrientos hechos.

Para la titular de Madres del Dolor Sal Lari “hizo que en Acassuso el ingeniero Carlos Regis perdiera la vida; hizo que una nena que estaba siendo violada por su propio padre tuviera que seguir viviendo bajo el mismo techo; hizo que recuperara su libertad el sacerdote Mercau de Tigre que abusaba de chiquitos de la calle que él tenía en un hogar”, causas planteadas en el pedido de juicio político que fueron descartadas.

Sal Lari había sido acusado de otorgar la excarcelación a delincuentes que, gracias a ese beneficio, cometieron luego homicidios que afectaron a familias de San Isidro por lo cual el jefe comunal, en su calidad de abogado y denunciante, había solicitado que se evaluara la conducta del magistrado para llegar a conocer si cometió o no un mal desempeño en sus funciones y pidió que se lo investigue por varias "causas graves".

Tras casi cuatro años de proceso seguido al Juez, la Comisión Bicameral –que había desplazado la acusación particular– no sostuvo ninguno de los cargos que se habían presentado contra el magistrado.

El jury entonces antes de resolver, debió darle vista a los particulares que lo habían acusado previamente: el intendente Posse y Carla Regis, hija del ingeniero Carlos Regis, asesinado durante un asalto en Béccar, en 2008, por dos delincuentes. El 12 de julio pasado, el presidente de la Suprema Corte y del Jurado, Eduardo de Lázzari, notificó a Posse que debía depositar una caución de 180.000 pesos si quería continuar con el juicio y le dio un plazo de cinco días para depositar el dinero, pero el intendente tras consultar a las familias, desistió de esa última posibilidad.