En tanto que desde la oposición se vertieron argumentos que tendieron a cuestionar esta práctica al alegar que lo que se logra sólo redunda en beneficios empresariales que no tienen un correlato en la promoción de empleo genuino para el sector juvenil de la población.

Lo que establece el proyecto en sí, es la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para brindar a la firma de software Intraway Corporation SRL un subsidio mensual equivalente al 30 por ciento de los gastos en personal de la filial a instalarse en la provincia.

Vale resaltar que tal subsidio es aplicado a las retribuciones brutas mensuales a abonar, tanto en conceptos remunerativos como no remunerativos, a aquellos empleados mayores a 18 años con residencia en Tucumán. Además, se dejó constancia de que los haberes comprendidos en este beneficio, que tendrá una duración de cuatro años, no podrán ser superiores a los 5.000 pesos.

"A lo que apuntamos es a fomentar la instalación de nuevas actividades comerciales y de servicios para incorporar a jóvenes profesionales que se desempeñen en este tipo de tareas", expresó, al momento de justificar la norma, Ramiro González Navarro. En tal sentido, se indicó que las funciones para las cuales se buscarán las labores a ejecutar en el empresa son desarrolladores, ingenieros de soporte, testers, líderes y gerentes de productos, analistas y programadores software.

Al respecto, el justicialista graficó que existe un promedio de 200 alumnos al año que se inscriben en las carreras universitarias vinculadas al área en cuestión, siendo que en la actualidad cursan en las cuatro universidades con las que cuenta Tucumán cerca de 900 jóvenes, con un promedio de egreso de 75 estudiantes al año.

"Estas son políticas de gobierno para fomentar este tipo de empresas y lograr así la transferencia de desarrollo tecnológico y conocimientos, para evitar el éxodo de recursos humanos mediante su captación productiva y laboral", resaltó González Navarro.

Quien abrió el terreno discursivo para objetar la iniciativa, fue la radical Silvia Elías de Pérez quien sostuvo que "con mucha liviandad otorgamos subsidios a una empresa porteña, cuando aquí los ciudadanos deben soportar tres aumentos consecutivos en sus tributos que impactan directamente en el bolsillo".

Ejemplificó, también, que en el caso del dinero provisto a las firmas de call center que se radicaron en nuestro territorio, llega a la suma de los 218 millones de pesos en cuatro años, "¡cómo no van a gritar bingo los empresarios con semejante beneficio!", exclamó la parlamentaria.

Paralelamente, cuestionó que en el texto de la ley no se deja establecido un mínimo de puestos de trabajo que la empresa garantice para que sea receptora del monto en cuestión. Por otra parte, cargó contra la cláusula que fija el techo de 5.000 pesos en los sueldos del personal, "con ello dejamos que los empresarios pongan este techo para lo que deban pagar a sus empleados", resaltó.

Asimismo, Elías de Pérez acusó a sus pares del oficialismo de "no tener vergüenza en poner sumas no remunerativas, con lo que atentamos en contra del propio sistema previsional", sostuvo.

Sin conocimiento

Al momento de hacer uso de la palabra, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) adujo que la provincia necesita de inversiones genuinas "pero para ello debemos contar con unan verdadera ley de promoción industrial. Tenemos que hacer leyes marco y no aquellas direccionadas, donde funcionarios del gobierno se reúnen con los empresarios y si luego le dan dinero, todo se vuelve sospechoso".

Postuló también, como forma de criticar la normativa, que no se tiene conocimiento acerca de los dueños de la firma, su conducta fiscal, grado de patrimonio, "no sabemos nada de eso, y encima le vamos a regalar el dinero de los tucumanos", indicó el republicano.

En tanto, desde la Democracia Cristiana (DC), su representante en el recinto, José Páez, informó que a lo largo de los cuatro años en los que durará el convenio, la provincia girará a Intraway la suma de 11 millones de pesos, mientras que, al tiempo de objetar que se tome en consideración las sumas en negro de los haberes para otorgar el subsidio, calificó al proyecto de "desagradable y un mamarracho". A su vez, instó al justicialismo que para el tratamiento de medidas como ésta, se abra un proceso licitatorio al cual sean invitados empresarios tucumanos que cuenten con capital para este tipo de emprendimientos.

Por su parte, Federico Romano Norri (UCR) señaló que en ningún lugar del proyecto se precisa la cantidad de puestos con los que contará la firma por lo que indicó que "la finalidad de todo esto es apuntar a tener simplemente mano de obra barata, ya que no son empleos genuinos y no significan verdaderas inversiones que satisfagan los intereses de la provincia".

En otro fragmento de su alocución, el correligionario emparentó este proyecto con la polémica suscitada por el uso de los fondos de la Caja Popular. "No se entiende, es paradójico, hasta hace unas semanas necesitamos de 170 millones para poder pagar sueldos, y ahora resulta que sí tenemos plata para subsidiar a empresas de afuera", planteó Romano Norri.

Finalmente, el radical estimó conveniente que se instale en el debate ideas que posibiliten un mayor desarrollo productivo a través del cual se den prioridad a empresas del medio local.

Finalmente, en defensa del proyecto oficial, saltó a la palestra el mimado de Casa de Gobierno, Guillermo Gassenbauer, quien mencionó, para contrarrestar las criticas emanadas, que ningún empleado que ingrese en la firma cobrará menos de 8.000 pesos y adujo que "para conquistar estas empresas hubo que hacer todo un trabajo de seducción porque nos decían que Tucumán no tenía los recursos humanos acordes", como forma de justificar el por qué no se podría llamar a licitación en este tipo de actividades.

Culminó su discurso al sostener que "en realidad estamos subsidiando el conocimiento para que nuestros ingenieros sean los mejores del mundo", aseveró Gassenbauer.

La normativa cosechó los votos afirmativos de la bancada justicialista con la postura contraria de Elías de Pérez, Bussi, Romano Norri, Páez, Roberto Sánchez, Alberto Colombres Garmendia y Ariel García.

Dante Losa ya se acomodó en su banca parlamentaria

Durante la sesión realizada ayer, la Legislatura tomó juramento a Dante Losa, quien ocupará la banca dejada vacante por Armando Cortalezzi, al solicitar licencia para asumir como interventor de la Caja Popular Ahorros.

Con las gradas colmadas de seguidores, el ahora ex titular del Registro Civil, ocupó un lugar en el parlamento luego de la polémica suscitada por quién sería la figura del oficialismo que reemplazaría al vicepresidente primero del cuerpo, ya que tal lugar debía recaer en Miguel Brito, resistido por la mayoría de los integrantes del bloque oficial.

Por esta situación, quien comandara la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) y sobre el que pesan denuncias por supuestas irregularidades detectadas en la repartición, decidió dar un paso al costado.

Además, los legisladores decidieron que el titular de la bancada "Tucumán Crece", Roque Tobías Álvarez suplante a Cortalezzi en la Comisión de Juicio Político.

En tanto, una de las cuestiones que aún se encuentran pendientes por resolver es quién llegará a la mesa de conducción del cuerpo, por lo que Federico Romano Norri pidió que para tal estamento se tenga en cuenta a uno de los referentes de la oposición.