Como corolario de una semana en que el Ejecutivo español se vio obligado a nacionalizar Bankia , el cuarto banco crediticio del país, para evitar su colapso, el Palacio de la Moncloa decidió tomar nuevas medidas para acentuar la solvencia y, sobre todo, mejorar la preocupante imagen de la banca local.

Con este fin, reveló que el Estado español está dispuesto a aplicar una inyección de 15.000 millones de euros al sistema financiero y disminuir así los efectos provocados por la erosión de su capital a causa de la alta exposición de los bancos más emblemáticos al estallido de la burbuja inmobiliaria.

Pero, al mismo tiempo, y como se especulaba ayer, dispuso elevar las provisiones para el crédito inmobiliario, y no sólo para los activos considerados "tóxicos".

Esta ampliación de los fondos que los bancos deberán aportar como respaldo a sus créditos alcanzará no sólo a los inmuebles "trabados" en su cartera, sino también a casi la mitad de aquellos considerados "sanos". A partir de la implementación de la reforma, la banca estará obligada a aportar provisiones hasta en un 52% por esos créditos, lo que se traduce en la disponibilidad de 28.000 millones de euros de capitales privados. Con este aumento, la cobertura total exigida alcanza a 137.000 millones de euros, que representan el 45% de los cerca de 305.000 millones representados por los créditos "sanos" y "tóxicos" del sector inmobiliario.

El largo alcance de las garantías requeridas indicó, así, el grado de fragilidad de un sistema financiero necesitado de urgentes y renovadas señales de confianza.

De hecho, esta medida es una de las que más suspicacias despertaron en España, aunque sobre todo en los mercados internacionales, debido a que la falta de certeza sobre la capacidad del sistema financiero para movilizar ese caudal de fondos podría acentuar la proximidad de la economía del país a la necesidad de un salvataje financiero externo.

Sin embargo, las mayores inquietudes en el ámbito local fueron generadas por la confirmación de que el Estado se verá forzado a intervenir en el sector bancario, señalado a menudo como uno de los grandes responsables de la recesión actual y del nivel récord de desempleo, hoy cercano al 24% y en sostenido ascenso.

La ayuda pública se canalizará mediante el empleo de bonos contingentes convertibles -aquí rebautizados como "cocos"- que pueden transformarse en acciones en la medida en que la disminución de capital de la entidad que los emite lo requiera.

Medida polémica

A través de este recurso, que aumentaría el margen de maniobra -y, sobre todo, de error- de los bancos, se pretende contar con una herramienta más para reactivar la cadena de crédito, que sufrió una fuerte erosión en los últimos tres años.

El impacto negativo que este rescate estatal a la banca podría producir en una sociedad sometida al ajuste más profundo en cuatro décadas llevó al ministro de Economía, Luis de Guindos, a afirmar que la ayuda oficial a los bancos "no tendrá efectos para los contribuyentes".

El funcionario justificó este argumento con el hecho de que las entidades pagarán "un 10% de interés" al Estado a cambio de esa ayuda, y recordó, por otra parte, que las inyecciones de capital estatal fueron mayores durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Otra medida, no menos polémica, incluida en la cuarta reforma financiera realizada desde el comienzo de la crisis en 2008, es la disposición que obliga a los bancos a hacer uso de sociedades conocidas como "bancos malos".

Estas entidades deberán recibir antes de fin de año, por parte de los bancos, la gestión de todos sus activos inmobiliarios "tóxicos" para así poder sanear sus carteras y balances.

En ese sentido, el ministro De Guindos también adelantó que, con la intención de mejorar la imagen internacional del sistema financiero, el gobierno encargará a dos consultoras independientes -cuya identidad aún no fue confirmada- que revisen y evalúen los activos de los bancos.

"Nosotros buscamos la ausencia total de dudas del sistema", dijo el ministro de Economía, al tiempo que reconoció la influencia de esa fuga de confianza en el deterioro de la economía.

"Sin absoluta certidumbre sobre la solvencia del sector bancario, la recuperación económica se hace mucho más difícil", agregó.

Los anuncios

Más fondos. El gobierno de Mariano Rajoy le exigirá a la banca más fondos, por un importe de 30.000 millones de euros, para respaldar los créditos ligados al castigado sector inmobiliario, que se suman a los 54.000 millones incluidos en la reforma anterior, aprobada en febrero.

Auditoría. Se encargará a dos firmas independientes una auditoría sobre los préstamos y los activos inmobiliarios de todo el sector bancario, y obligará a las entidades a crear sociedades donde puedan agrupar, los activos de la construcción.

Provisiones. La norma afectará de manera diferente a los activos inmobiliarios. Los más castigados son los créditos para la compra de tierra, cuya provisión pasará del 7 al 52%, al igual que ocurre con los préstamos sin garantía real; la de las viviendas terminadas se duplicará al 14%.

Plazo. El gobierno dio plazo a los bancos hasta el 11 de junio para presentar sus planes para cumplir con las nuevas exigencias.

Las otras reformas

Junio de 2009. El gobierno de Zapatero aprobó un fondo dotado de 9000 millones de euros para sanear las cuentas de las entidades más contaminadas de activos inmobiliarios de dudoso cobro y ayudar a financiar una ola de fusiones para lograr entidades más fuertes ante la crisis.

Febrero de 2011. Un decreto del gobierno elevó hasta el 10% las necesidades de recapitalización (por un máximo de 20.000 millones de euros) para todas las entidades que superaran el 20% de su financiación en el mercado; las entidades que no cumplieran tenían dos semanas para presentar al Banco de España un plan de capitalización.

Febrero de 2012. El decreto del nuevo gobierno del Partido Popular exigía a los bancos unos fondos adicionales de 50.000 millones de euros para sanear la cartera de activos inmobiliarios tóxicos; según cálculos del Banco de España, el sector acumulaba 184.000 millones en esos activos.

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