Los concejales de Lanús dejaron asentadas sus diferencias en torno a un proyecto del bloque 17 de Octubre para respaldar la interpretación de que el homicidio del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci en setiembre de 1973 fue un delito de lesa humanidad. La iniciativa no contó con el apoyo de los ediles oficialistas y por eso fue girada a comisión. No obstante, el consenso se explicitó en el “rechazo unánime” al “comportamiento” del personal de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional en reclamo de mejores condiciones salariales.

Las diferencias entre la oposición y el oficialismo quedaron asentadas nuevamente en el Concejo Deliberante de Lanús. Esta vez, el disparador de los cruces fue un proyecto del bloque 17 de octubre para “para declarar el apoyo a la iniciativa de la familia de José Ignacio Rucci”.

“Lo presentamos para que el crimen del dirigente sea considerado de lesa humanidad (por lo tanto, no prescribible) a efectos de investigar a fondo quienes fueron los autores materiales del asesinato siendo esta la única manera de que su muerte no quede impune”, enfatizó Heriberto Deibe, uno de los precursores de la iniciativa.

Como el proyecto no contó con el aval del oficialismo, fue girado a comisión. Situación que motivó el descontento de Deibe y su compañero de bloque, Salvador Baratta, quienes estuvieron respaldados desde el fondo de la sala por decenas de miembros del Sindicato de Camioneros.

El concejal del Frente para la Victoria explicó que no acató la medida porque no se pueden “manosear ciertos términos (como el de lesa humanidad) porque después se vuelven en contra”. En tanto, su par oficialista Francisco Malvaso pidió “no hacer política con el hombre más grande del movimiento obrero”.

En este marco, el concejal de la UCR Rafael Folino solicitó terminar la discusión y remató: “Esto merece que sea debatido en un Consejo Peronista y no en el recinto”.

Por otra parte, el también radical Emiliano Bursese, presidente de la comisión de Seguridad del Deliberativo recordó que a raíz de la renuncia de Salvador Baratta a dicha comisión (ocurrida el 10 de septiembre) quedaba una vacante disponible. En esta línea, preguntó a los ediles del bloque 17 de Octubre “si iban a ser uso de las potestades de reemplazo”.

Deibe respondió que no y explicó que su dimisión la llevo a cabo porque “nunca atendieron” ninguna de sus propuestas presentadas.

El consenso finalmente llegó en el “enérgico rechazo al comportamiento de las fuerzas de seguridad en su reclamo salarial faltando el respeto de las estructuras democráticas”. La medida fue fuertemente respaldada por todos los bloques.

En la sesión, entre varias ordenanzas de pago, se aprobó también la creación de una residencia de transito para mujeres víctimas de la violencia de género y se autorizó modificar el valor de las tarifas del servicio de taxi local.