Durante más de dos horas, los concejales de Lanús debatieron sobre la declaración de la emergencia de seguridad, un pedido enviado desde el Ejecutivo con el objetivo de “incrementar las gestiones con el gobierno provincial” en esa materia. Si bien -luego de varios cruces- la propuesta contó con el respaldo de la mayoría de los concejales, hubo varios cuestionamientos al accionar del intendente Darío Díaz Pérez y al funcionamiento de la Secretaría de Protección Ciudadana.
Si bien se pusieron a consideración varias propuestas, entre ellas algunas vinculadas con la problemática del tránsito, la que se llevó el mayor protagonismo fue la que envío el Gobierno de Darío Díaz Pérez para extender la emergencia de seguridad, que había finalizado en diciembre. Todos coincidieron en las necesidades que tiene la Comuna en esa materia aunque difirieron respecto de las acciones que el Intendente lleva a cabo en ese sentido.
La medida establece “autorizar al Departamento Ejecutivo a realizar todas las acciones necesarias y conducentes que conlleven al mejor cumplimiento de la reciente ordenanza (la declaración de la emergencia) enviando a este Cuerpo informes sobre lo actuado”.
Así, los cruces dentro del recinto comenzaron cuando el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Montero, alertó sobre una alteración en el expediente que tendrían que tratar y su par Mariano Amore afirmó que “se rompió la hoja (del expediente)”, algo que consideró como “una irregularidad”
Ante esto, la edil del Frente Amplio Progresista (FAP) María La Rosa explicó que “se había elaborado de una manera” pero luego se dieron cuenta de que “estaban mal empleados los términos jurídicos”, con lo cual optaron por cambiar la redacción y de ahí el inconveniente.
Aclarado este punto, luego de que el titular del Cuerpo, Héctor Bonfiglio, y el radical Carlos Folino pidieran que se investigue el tema, comenzaron a analizar la iniciativa enviada por el gobierno local.
A su turno, Baratta hizo referencia al personal policial con el que cuenta el municipio y señaló que “son muy pocos” ya que si bien –oficialmente- allí hay 600 designados, ese total se reduce a la mitad debido a las licencias médicas, cursos de capacitación y vacaciones. Pese a que se mostró a favor de la necesidad de declarar la emergencia, también se sumó a las críticas por las políticas de seguridad en el plano local.
“Como el intendente lo dijo, la inseguridad es un problema de la Provincia, pero nosotros elegimos aun intendente que nos represente. Queremos ser bien representados y que los representantes del pueblo de Lanús lleguen antes que los muertos”, declaró.
Por su parte, La Rosa una vez más cuestionó el funcionamiento del centro de monitoreo y de “la falta de gestión” en cuanto a seguridad y basó su argumento en cifras que obtuvo de los Tribunales de Lomas de Zamora sobre las denuncias que provienen de Lanús. En ese sentido, se cruzó con Carlos Barbagallo, quien llevó datos provistos por la Secretaría de protección Ciudadana sobre la cantidad de cámaras instaladas y las acciones a futuro.
En tanto, desde el Pro se sumaron a los cuestionamientos hacia el jefe comunal y su secretario de Protección Ciudadana, Reynaldo Simone, a pesar de que también aprobaron la propuesta.
“Vivimos en un estado de emergencia, no somos capaces de defender la vida humana. Adhiero a la emergencia, pero creo que tiene que ser una política de Estado”, sostuvo el macrista Heriberto Deibe
En tanto, Folino admitió que el Legislativo también tiene responsabilidad en ese sentido tanto “por acción u omisiòn”.
Finalmente, la prórroga fue aprobada con 23 votos ya que Baratta, ex subjefe de la policía bonaerense, abandonó su lugar luego de que Montero defendiera a Díaz Pérez y deslizara que “el “accionar incorrecto” por parte de la fuerza policial dificulta el trabajo con vistas a mejorar la situación.





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