A pesar de que Jaime ayer rompió el silencio en una conferencia de prensa sobrepasado por las publicaciones sobre su patrimonio, Kirchner sabe que el verdugo no será aún el juez federal Norberto Oyarbide sino su colega Claudio Bonadío, que investiga los viajes del ex funcionario en taxis aéreos al exterior, pagados por empresas de transporte que Jaime debía controlar. El empresario más comprometido es Claudio Cirigliano, dueño del Grupo Plaza, y concesionario de los principales ramales de trenes metropolitanos (ver página 4). Según fuentes de la investigación, Cirigliano, el empresario de transporte urbano más favorecido por decisiones del Gobierno K, habría costeado el alquiler de un avión en nueve oportunidades y la evidencia lo compromete: pagó con facturas de sus empresas Plaza y TBA. La mayoría de los vuelos en los que viajó Jaime fueron a Brasil, otros a Córdoba y Uruguay.

Bonadío es un juez que no se caracteriza por socializar con los Kirchner. Esta semana, la preocupación central del esposo presidencial era que el inminente procesamiento de Jaime pueda "opacarle el festejo" por la apertura del canje de deuda, anunciado el jueves por el ministro de Economía, Amado Boubou. Imaginaba la tapa de todos los diarios, las pantallas de todos los canales de noticias anunciando la decisión de Bonadío. Para evitar que le arruinen la fiesta, Kirchner encomendó la misión para "operar" a favor de Jaime al hermano de un juez federal, también miembro de la familia judicial, quien no sólo debe atrasar el anuncio del procesamiento de Jaime sino que deberá intentar alivianar la sentencia. En los despachos de Comodoro Py ya hablan de dos años de prisión en suspenso para Jaime y un año de prisión en suspenso para Cirigliano. Kirchner cree que "dos años es mucho".

En la maniobra pingüina también participaría otro asesor jurídico del entorno K: Rafael Enrique Llorens, subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, según le confirmó a PERFIL una fuente del Gobierno.

Si bien la causa judicial sobre supuesto enriquecimiento ilícito fue la que forzó la inesperada conferencia de prensa de Jaime, por el momento no es la que lo compromete más, ya que el juez Oyarbide aún no decidió su imputación –sí está imputado por Bonadío–. El pago y aceptación de dádivas es un delito mucho más fácil de probar que el enriquecimiento ilícito.

El delito por el que lo investiga Bonadío es excarcelable, pero si Jaime es condenado y más tarde se avanza en otras investigaciones donde puede ser condenado otra vez, podría ir preso. No es un dato menor: se trata del funcionario kirchnerista más denunciado, en especial, por su extrema cercanía con los empresarios del sector que debía controlar.

Palabras más. Ya no usa pulseras de oro amarillo. Cambió el Rolex de oro y acero de 9 mil dólares por uno sport. Todo indica que el ex secretario de Transporte dejó la ostentación de lado, esa característica que llevó a la Justicia a investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito y que ahora parece tenerlo cercado.

Jaime convocó a una conferencia de prensa que se realizó en el estudio de su abogado, Andrés Marutian, casualmente, el abogado que representó al empresario Sergio Taselli cuando el Gobierno le rescindió el contrato del ex Ferrocarril Roca a cambio de 300 millones de pesos. La concesión pasó a manos de Cirigliano. Su otro abogado, casualmente, es Marcelo Brito, representante legal de Luciano Garbellano, ex dueño de Spartacus –el boliche gay donde filmaron a Oyarbide teniendo sexo con otro hombre en 1998–.

El ex funcionario K hizo ayer su primera aparición luego de su salida tumultuosa del Gobierno en julio de 2009, cuando se le empezó a adjudicar un avión de más de 3 millones de dólares. Pero Jaime no habló de su situación judicial, sólo se animó a decir que se siente "objeto de una persecución". Habló de "hechos graves", de una "campaña de destrucción" hacia su persona y de "extorsión". Pero para justificar sus dichos, el hombre que asegura ser íntimo amigo de Kirchner, usó una carta bien kirchnerista: acusó a un periodista (ver recuadro).

Jaime aseguró tener en su poder "mails enviados entre un periodista de nombre Omar del diario Clarín" y Sebastián Ledantes, su ex yerno, casado con Julieta, una de sus tres hijas. El ex secretario de Transporte se refería a Omar Lavieri, uno de los periodistas que más investigó el caso y que negó en forma rotunda la veracidad de esos correos. Sin embargo, Jaime no entregó ninguna copia de los mails que dice tener en su poder.

"He modificado mi decisión de no hablar porque tiene que ver con algo que, a mi criterio, es de extrema gravedad y quiero que se sepa por qué considero que estoy siendo objeto de una persecución", dijo el cuestionado hombre K, antes de pasar a leer los supuestos correos. "El buen nombre de la gente no se lo puede destruir porque sí. Que sea la Justicia la que decida lo que corresponde", agregó. "Ni siquiera se ha hecho el requerimiento que corresponde para determinar realmente todo lo que se viene haciendo en letras de molde y grandes titulares donde ponen mi nombre", sentenció Jaime, al estilo CFK.

Jaime dijo ayer que defenderá ante Oyarbide su declaración jurada y que el dinero que le secuestraron durante el allanamiento en su piso de Libertador y Cerrito "es de Silvia Reyss", su actual esposa. "Ese dinero está justificado con retiros bancarios y recibos de sueldo", agregó.