Kirchner ahora cambió de estrategia y, al parecer, de amigos. En principio, resolvió que los italianos podrían quedarse en paz con su parte. Ahora los que deberían vender son los Werthein, es decir, Gerardo y su primo Adrián. Los compradores también, en alguna medida, cambiaron. Aunque, a medida que se aproxima 2011, las identidades de quienes aceptan acompañar estas kirchnerizaciones se van volviendo más borrosas. El último grupo imaginado en Olivos estaría formado por Cristóbal López, Eduardo Eurnekian, su segundo Gutiérrez y el mexicano David Martínez, quien con su fondo Fintech destinó a la Argentina tantos millones de dólares hasta encontrar aquel "destino sudamericano" que lamentó Borges.

Cerca de Martínez niegan que esté integrando un consorcio y recuerdan que su interés en la operación se debe a que su fondo es accionista en Nortel, la controlante de Telecom. En Fintech admiten que algunos aspirantes a quedarse con la empresa acudieron en busca de financiamiento. En la lista que circula por el oficialismo figura también Jorge Brito. Pero el banquero del Macro niega con énfasis que esté pensando entrar en Telecom, a pesar de todas las invitaciones que, al parecer, le formularon.

La llegada de Kirchner a esa telefónica a través de la apropiación de la parte de los Werthein tal vez no resuelva el problema, sino que lo complique más. El 50% de esa familia es reclamado también por Telecom Italia. En efecto, en 2003 los Werthein compraron a France Telecom su parte en Telecom de Argentina y, de inmediato, la vendieron a plazo a los italianos. Por esa venta a futuro cobraron en aquel entonces US$ 60 millones. Sólo que, al cumplirse a fines de 2008 el período pactado para la transferencia, los argentinos se enfurecieron con sus socios europeos porque consideraron que el precio pactado cinco años antes era muy inferior al que conseguirían, por el mismo activo, en el

mercado. Por lo tanto, se negaron a vender. Ese conflicto es materia de un juicio civil de larga duración.

Hasta ahora, los Werthein habían encontrado un aliado en el Gobierno para bloquear, con la excusa de un supuesto monopolio, la compra de su parte por los italianos. Kirchner y De Vido descubrieron, con la ayuda del intrépido Gutiérrez, que podían ir más allá: no sólo impedir que Telecom Italia compre la mitad de sus socios argentinos, sino

obligarla a vender su propia mitad. Esta segunda fase de la operación es la que, según parece, ha fracasado.

Desde Roma, los directivos de Telecom Italia siguen minuto a minuto esta comedia. Y aclaran: "Nosotros estamos dispuestos a vender la participación que, en su momento, le compramos a la familia Werthein". Suponen que por ese 50% podrían obtener -son cifras tentativas- alrededor de US$ 700 millones y que a los Werthein los arreglarían con US$ 480 millones. Las mismas fuentes agregan después: "Quien crea que puede comprar a los Werthein sin hablar con nosotros sepa que están comprando nada más que un juicio destinado a fracasar". En la saga de Telecom se abre, entonces, un nuevo e inquietante capítulo: o Kirchner presiona a los italianos, ahora para que acepten recibir un precio muy pequeño por la parte que les compraron a los Werthein -en rigor, cobrar lo que ellos pactaron pagar hace 7 años o tal vez menos?, o Kirchner ataca a los Werthein para que se deshagan de su activo a un precio que ellos consideran vil. En la lógica "argentinizadora", ya se puede adivinar qué tiene pensado el Gobierno. Lo único seguro es lo de siempre: en la empresa debe entrar un grupo de amigos.

El otro objetivo

El otro blanco de Kirchner es Metrogas. La empresa fue intervenida por el Estado cuando anunció que no podía hacer frente a un vencimiento de US$ 20 millones, asfixiada en sus ingresos por el congelamiento de tarifas a la mayoría de las distribuidoras de gas. El Gobierno no tuvo las contemplaciones que beneficiaron a Eurnekian, a quien, al incumplir el contrato de la autopista Pilar-Pergamino, lo indemnizarán con $ 150 millones. El oficialismo aclaró que, en este caso, la firma se vio afectada por la crisis internacional.

Los dueños de Metrogas son los empleados (10%), los tenedores de acciones que cotizan en Bolsa (20%) y Gas Argentino. Esta compañía está integrada, a la vez, por YPF (45,33%) y British Gas (54,67%). En el Ministerio de Planificación vienen negociando desde hace meses el ingreso de un consorcio liderado también por algún grupo amigo. En este caso, sería Electroingeniería, empresa que tiene como socio a Gerardo Luis Ferreyra, amigo íntimo de Carlos Zannini desde que ambos compartieron un largo cautiverio en Córdoba, en tiempos de la dictadura militar.

Electroingeniería era una pequeña empresa cordobesa a la que el kirchnerismo hizo florecer, no sólo en riqueza -tendidos de alta tensión en la Argentina, negocios atractivos en Venezuela e ingreso en la transportadora eléctrica Transener-, sino también en creatividad: además de incursionar en el negocio de la radiodifusión (Del Plata), ahora Ferreyra despunta como gasista.

En este holding las versiones oficiosas vuelven a hacer figurar a David Martínez y a Brito. El banquero niega también estar interesado en comprar acciones de Gas Argentino y sólo admite que han recurrido a él en busca de financiamiento. Martínez, en cambio, estaría negociando las acciones de British Gas, pero, según afirman en su entorno, todavía no habría un desenlace en esas conversaciones.

La argentinización siguió ayer su marcha en Enarsa, donde continuó la licitación de usinas de generación de electricidad renovable (granjas eólicas, centrales geotérmicas, etc.). Aquí también los competidores son cercanos al oficialismo (Isolux, Impsa de Enrique Pescarmona, Emgasud de Alejandro Ivanisevich). Tal vez esa cercanía explique que antes de que se abriera el sobre con la oferta de precios Exequiel Espinosa, el presidente de Enarsa, haya enviado a los aspirantes una nota pidiéndoles una rebaja en los montos. Como si ya conociera las cifras. Un vidente, Espinosa. A pesar de esas capacidades, hay algo que no pudo prever: la semana pasada el juez Thomas Griesa le advirtió que embargará los activos de Enarsa fuera del país, dado que la empresa se comporta, sobre todo en su financiamiento, como alter ego del Gobierno.