“Esta propuesta reconoce una realidad objetiva: los niveles de acceso a la información, a recursos tecnológicos y a posibilidades ciertas de asunción de responsabilidades de estos ciudadanos se van incrementado y coinciden con la histórica y progresiva reducción de las edades para votar”, sostiene Alvarez en los fundamentos.

Agrega que “la evolución desde el voto calificado a partir de los veinticinco años, hasta avanzar con el voto secreto y universal masculino logrado en 1912 con la Ley Sáenz Peña, el voto femenino alcanzado en 1947 por la ley Nº 13.010 y otras medidas, presentan un marco apropiado que permite ampliar el más importante de los derechos ciudadanos, que es el sufragio”.

En el proyecto, además, se establecen como máximas “el fortalecimiento de los jóvenes misioneros como sujetos plenos de derechos, garantizando su ejercicio y goce, reconocidos por la Constitución Nacional, tratados internacionales ratificados y la Constitución Provincial”.

También que “los jóvenes tienen derecho a participar en todos los asuntos que los involucre, fundamentalmente en el diseño y evaluación de políticas, acciones y programas que busquen el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad".

Organizaciones

Otro punto destacado se refiere a la promoción y regulación de organizaciones juveniles por parte del Estado, con miras a que formen coaliciones locales, regionales y nacionales con el objetivo de fortalecer su accionar y trabajo.

Asimismo, alienta el diseño y ejecución de políticas públicas y programas que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato para los jóvenes.