Además, Gladys Gómez y Fernanda Garate deberán “responder de forma solidaria” por casi 3.500 pesos, luego de las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas al ejercicio de la gestión de 2008.

En diez días, Griselda Descalzo e Ignacio Cabrera, ex consejeros escolares de Luján, deberán responder ante la Justicia por situaciones presuntamente irregulares que transcurrieron durante los años que ejercieron diferentes cargos en el Consejo Escolar.

“Nosotros hemos tomado conocimiento a través de un informe que elevó el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que es el encargado de auditar los ejercicios económicos anuales de este organismo” explicó al EL CIVISMO la actual presidenta del Consejo, Verónica Rodríguez Carer.

“Griselda Descalzo, Ignacio Cabrera y un(a) ex proveedor(a) del Consejo Escolar, Selva Rossana Ortíz, serán llamados a juicio oral y público para el próximo 27 de septiembre a las 8 horas en Mercedes por la causa ‘fraude en perjuicio de la administración pública’”, comunicó Rodríguez Carer.

En su momento, Descalzo y Cabrera fueron presidenta y tesorero del Consejo Escolar respectivamente.

Las anomalías relacionadas con la licitación de proveedores por parte del Consejo Escolar de Luján fueron detectadas a mediados de 2004.

“Nuestra intención es informar la realidad de este Cuerpo, y aclarar que las observaciones están relacionadas con años y gestiones anteriores”, agregó la presidenta.

CAMINO AL JUICIO

En aquel momento, luego de numerosos reclamos que partían desde diferentes personas del sector educativo local hacia empresas que habían ganado una dudosa licitación pública al ofrecer los precios más bajos sobre sus competidores, EL CIVISMO realizó una extensa investigación que fue publicada en septiembre de 2004 y junio de 2005.

Las objeciones confluían en dos las firmas llamadas “La Distribución” y “Distribución”, que se habían impuesto sobre una decena de comerciantes minoristas de esta y otras ciudades, “a pesar de haber realizado una serie de trámites bastante cuestionados por otros proveedores”.

En el caso de “La Distribución”, cuya titular aparecía una mujer identificada como Selva Rossana Ortíz, habría presentado documentación pública falsa relacionada con los domicilios de los lugares de depósito de la supuesta “empresa”.

Este medio logró comprobarlo con sólo dirigirse a cada uno de los lugares mencionados en la documentación oficial, corroborando que las direcciones que aparecían en la boletas no coincidían con la realidad.

Más allá de las quejas por la cantidad y la calidad de los alimentos que entregaba a las escuelas estas dos firmas (sospechadas de ser la misma pero con distintos nombres), otra irregularidad detectada en ese entonces por los directores de los jardines de infantes, estaba relacionada con la confección de los remitos. En la mayoría, figuraban cantidades de alimentos que no coincidían con lo que recibían y las cifras que aparecían en los papeles tampoco tenían relación con los precios de la mercadería en plaza.

También había otros datos “llamativos”: en el Consejo Escolar poseían un poder de comodato donde constaba que las dos firmas tenían sus “oficinas comerciales” en la calle Francia 820. Aunque en ese lugar funcionaba una óptica atendida por Daniela Avato.

“Precisamente este apellido no resulta extraño en el Consejo Escolar; Román Avato era un conocido e histórico proveedor del Estado que distribuía mercadería a las escuelas, aunque en esa ocasión no había adquirido los pliegos y no había participado de la licitación” detalla la investigación publicada en 11 de septiembre de 2004.

Frente a las preguntas que suscitó esta situación a los periodistas de este medio, pocas fueron las respuestas que pudieron entregar Descalzo y Cabrera, presidenta y tesorero del Consejo Escolar de aquel momento.

Desde los primeros días de junio de 2005, la Justicia de Mercedes comenzó a investigar al Consejo Escolar de Luján, luego de que un nuevo proveedor que se había presentado a licitar meses antes, solicitara la anulación del acto argumentando su pedido con duros planteos y cuestionamientos a este órgano educativo del distrito.

“Hay cierta distribuidora que se presenta a licitar en la que existen manejos turbios y graves irregularidades” expresaron algunos proveedores.

Mientras tanto, desde el Consejo Escolar sostenían que la firma objetada cumplía “con las exigencias que figuran en el pliego de bases y condiciones” o que, en todo caso, las dudas que surgían eran “materia de investigación de los organismos superiores y debe ser evaluado por la Dirección de Consejos Escolares”.

Cinco años después, dos funcionarios públicos electos por la ciudadanía y la persona titular del comercio que estuvo en la mira de aquellas polémicas licitaciones deberán someterse a la Justicia por “fraude en perjuicio de la administración pública”.

PAGAR POR FALTA DE CONTROL

Esta situación no fue la única que debió atravesar el Consejo Escolar de Luján durante los últimos años o al menos que haya salido a la luz.

Si bien son dos situaciones con distinto carácter y absolutamente independientes, EL CIVISMO accedió a una resolución de Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires con fecha 15 de julio de 2010 que resolvió que la ex presidenta Gladys Gómez –actualmente consejera con licencia- y la ex tesorera Fernanda Garate “deberán responder en forma solidaria por 3.426,53 pesos”.

Esto es luego de que este organismo bonaerense desaprobara una serie de egresos que realizó el Consejo cuyas facturas no cumplen con las normativas vigentes para ser aceptadas.

El hecho fue confirmado a este medio también por la presidenta en ejercicio del Consejo: “El Tribunal de Cuentas hizo la devolución del ejercicio 2008 a principios de este año con algunas observaciones que había que justificar. Por este ejercicio responden Gladys Gómez y Fernanda Garate. Luego del descargo de ellas el Tribunal vuelve a expedirse y desaprueba dos egresos realizados”.

Gómez y Garate deberán pagar la suma de dinero establecida, capital e intereses incluidos, dentro de un plazo de 90 días por ser “las autoridades responsables de ese período”, según expresa la resolución del Tribunal que observó la existencia de facturas que no cumplen con las resoluciones establecidas.

Además, manifiesta que ambas consejeras “eran las que debían realizar un control pormenorizado de la facturación antes de emitir los pagos correspondientes, o en caso de que hubieran sido las cooperadoras las encargadas de realizar dichas erogaciones, el Consejo Escolar debió realizar, antes de entregar los fondos a las escuelas, un instructivo con las normas que rigen en materia de facturación, dado a que sus funcionarios son los responsables patrimoniales ante este H. Tribunal de Cuentas”.

En marzo de este año, ambas ex consejeras presentaron su descargo, pero el Tribunal de Cuentas sostuvo la sentencia.

Finalmente, con relación a los comercios que hicieron la venta al Consejo en esa oportunidad, el informe detalla: “En cuanto al accionar de los proveedores que presentaran facturas –irregulares- considero que corresponde poner en conocimiento de la AFIP los números de identificación tributaria, para que procedan según consideren”.