El TSJ pidió a la Legislatura no avanzar con el proyecto y aguardar definición de la comisión interpoderes.
La creación de los juzgados de ejecución penal es una propuesta del bloque Nuevo Neuquén, en respuesta a las denuncias por malas condiciones carcelarias que se sucedieron tras el crimen de Cristian Ibazeta, interno de la Unidad 11. La intención de los autores, compartida durante el análisis legislativo, era que se pusieran en marcha estas dependencias antes de fin de año, anticipándose a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.
El proyecto ingresó al debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 7 de agosto y quedó en suspenso, a la espera de que el TSJ emitiera una opinión sobre la iniciativa. Tras varias semanas, el máximo órgano judicial respondió que “el ámbito apropiado” para analizar la propuesta es la comisión interpoderes a cargo de la implementación de la reforma al Código Procesal Penal, que se pondrá en marcha durante este mes.
Al margen de esa observación, el TSJ remarcó a los diputados que “deben tomarse en cuenta los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento de los organismos” y advirtió que el proyecto no contempla el tratamiento de la resocialización de los condenados.
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