La Justicia santamariana aclara sobre un desalojo

La orden de desalojo a una familia de una vivienda de Loro Huasi, Santa María, de la cual son cuidadores desde hace 13 años, y que este diario informó en la edición del martes pasado, mereció la aclaración de fuentes judiciales de ese distrito, quienes señalaron que en el caso de Nilda del Valle Molina y José Rosendo Vilte se actuó conforme a derecho.

Puntualmente, se explicó que en la causa 139/2011, por la cual los caseros piden el amparo constitucional en contra de Ramón Rosa Núñez por la disposición de desalojo dictada en el Expte. 103/2010 de éste contra su hermana Julia Núñez de Chocobar, la medida judicial alcanza no sólo a la pariente del propietario, sino “contra intrusos, sublocatarios, tenedores precarios y cualquier otro ocupante del inmueble”. Y en esa línea, apuntan que “los habitantes de la casa, objeto del desalojo, tenían conocimiento de dicha acción por haberse notificado de la misma el 20 de abril pasado”.

Insisten que el desalojo “está dirigido a todo ocupante del inmueble” y que la orden del juez “no está violando ningún derecho del eventual demandado, ya que se le está dando la posibilidad de aclarar y defender su posición sustancial y procesal”, y aseguran que en el expediente consta que Molina recibió la orden en tiempo y forma y se le entregó a su abogada, Nidia Gauthier, por lo que “se encontraba en situación procesal de defenderse porque contaba con asesoramiento letrado”. Asimismo destacan las fuentes, que el desalojo que promueve Núñez contra su hermana mayor o cualquier otro ocupante, devine de un juicio de prescripción veinteñal que perdió Núñez de Chocobar.

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