Acompañado por los fiscales correccionales Mauricio Navarro Foressi y Sebastián Lípari, Lilljedahl respondió a las críticas que realizaron desde el poder político. Los que siguen son los puntos principales que se abordaron en conferencia de prensa:

- Acusación por la inacción de la Justicia en medio de una batalla campal: "En el lugar estuvo gente del Ministerio Público Fiscal y de la Corte de Justicia. Desde las 22.30 del miércoles estuvieron los tres fiscales de la unidad correccional hasta las 6 de la mañana del jueves, también los jueces de Menores. Estuvieron en contacto permanente con el subsecretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, y con el jefe de Policía, Juan José Palomeque", respondió el procurador.

- Críticas por la falta de medidas por parte de los fiscales: "Conversaron con la gente de la policía y se llegó a la conclusión de que cualquier medida que pudiera ser motivo de que esta horda -porque no era gente- se enardeciera aún más iba a ser contraproducente", dijo al justificar las razones por las que no se tomaron medidas.

- Responsabilidad de la policía y la Justicia: La policía tiene facultad ante la flagrancia de un delito, por sí sin recibir orden judicial, hacer cesar el delito. Los fiscales podrían actuar de oficio. Pero también la policía. Desde esta Procuración jamás podría salir una palabra de repudio porque me parece que no estaban dadas las condiciones para que la policía hiciera uso de ese derecho, porque iba a ser para peor e iba a terminar en un hecho sangriento". Y añadió: "La policía actuó bien y el Ministerio Público fiscal actuó bien. También puedo decir que faltó información previa, pero no se puede culpar a la policía porque fue un hecho imprevisto, inédito que nos sorprendió a todos".

- Cruce a las críticas por la actuación de los fiscales en los cortes de los antimineros: "Ellos son políticos y yo no salgo a discutir con los poderes políticos. Cada uno en lo suyo. Pero no me gustaría dejar pasar por alto cuando dicen que hubo conductas omisivas en el corte de Tinogasta", indicó y leyó el informe que había elevado la fiscal de Tinogasta, Liliana Carrizo, tras los hechos de violencia ocurridos en febrero en la ruta 60, en el que pedía que la policía actuara sin armas de fuego y garantizara los derechos de los manifestantes. También aludió al fiscal de Belén, Jorge Flores, al señalar que las medidas que se tomaron en el desalojo de la ruta nacional 40 estuvieron coordinadas con el ministro de Gobierno, Francisco Gordillo.

- Respaldo a la fiscal general, Milagro Vega. Al ser consultado por los reproches que recibió la fiscal general por no haber estado en el lugar de los hechos, Lilljedahl señaló: "La presencia física de la fiscal puede servir para algunos casos, para otros puede ser un estorbo. A mí me parece que la presencia de una mujer allí era darle la obligación a la policía de custodiarla. Es decir, sacar hombres para que custodie la integridad física de una mujer". Lípari agregó que mantuvieron en contacto permanente con la fiscal general. "Yo no veo que haya sido necesaria la presencia en el lugar del hecho. Lo del teléfono es para el anecdotario común", respondió el procurador al ser consultado por las expresiones que la fiscal tuvo en la reunión con legisladores cuando confesó que no se podía comunicar con Palomeque porque no sabía el teléfono.

"El orden público, tarea de la policía"

La Corte de Justicia, que integran Amelia Sesto de Leiva, Raúl Cippitelli y José Cáceres, optó por un comunicado para responder los cuestionamientos. En el primer punto destaca que la policía es la que tiene la obligación de actuar en alteraciones del orden público. También la que realiza las tareas de prevención, punto en el que se coincidió con la expresión del procurador de la Corte. "La policía de la Provincia se encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia y a ella le caben las tareas de información necesaria para la prevención del delito". Y agrega que tiene la obligación de actuar en alteraciones del orden público que se encuentren en proceso de ejecución a fin de restablecer la paz y hacer cesar las secuencias del delito". Sostiene que dicha actuación no requiere autorización, instrucción u orden de algún funcionario judicial.