Tres veces intentó la jueza civil Fabiana Berardi que las partes entablaran una negociación. Hasta propuso un cuarto intermedio. Pero no hubo caso. Las posturas eran bien diferentes entre las organizaciones gremiales que exigen el pago del Plus Patagónico y el gobierno provincial que se niega a hacerlo. Luego de gestiones infructuosas la magistrada resolvió darle curso a la demanda del Movimiento Social de Trabajadores Patagónicos (MSTP) contra el Estado pampeano, a pesar de un último pedido en contrario del fiscal de Estado, Alejandro Vanini.

"Se abrió el juicio a prueba. El Estado pidió que se declare la cuestión de puro derecho, es decir, evitar toda la prueba, con el argumento de que no se trata de un caso justiciable, sino político. Nosotros no estuvimos de acuerdo y la jueza lo entendió así, entonces abrió la causa", explicó el abogado Miguel Palazzani, del estudio jurídico que patrocina a las organizaciones que integran el MSTP.

¿Qué sigue ahora? La Justicia llamará a declarar como testigo al ex senador Rubén Hugo Marín y también pedirá la comparecencia del gobernador Oscar Mario Jorge. El primero será citado al Juzgado Civil 4, mientras que el mandatario lo hará de oficio, es decir, por escrito, sin presentarse al despacho de la jueza. Lo mismo ocurriría con el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Luis Alberto Campo. El testimonio de Marín fue pedido por las organizaciones gremiales y resistido por el fiscal Vanini. La jueza no puso ninguna objeción y aceptó convocarlo.

Dictámenes.

Además, los patrocinantes de la demanda llevarán toda la documentación con la que intentarán respaldar el reclamo por el pago del Plus Patagónico. Entre otras cosas, formularán pedidos a organismos nacionales, como el Servicio Penitenciario Federal, la Anses, la Universidad Nacional de La Pampa y el Juzgado Federal, cuyos empleados perciben el adicional por zona patagónica. También llevarán documentación que comprueba que en otros distritos de la Patagonia, los estados provinciales pagan el plus. Cumplida la etapa de pruebas, la jueza dictará sentencia.

El Movimiento está integrado por la Unión de Jubilados de La Pampa (ex empleados provinciales), la Asociación del Personal de la Legislatura y el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública (Sitrasap, un gremio en formación), junto con jubilados docentes que no integran ninguna agrupación sindical. Nelson Cafardo, presidente de la Unión, se manifestó esperanzado con el paso que dio ayer el planteo judicial y reveló que en la documental que presentarán están incluidos los dictámenes del Ministerio de Trabajo de la Nación y la Anses que habrían calificado al reclamo como justo.

En cuanto al pedido de la testimonial de Marín, argumentó que el histórico dirigente del PJ avaló en su momento el acuerdo que firmaron Néstor Kirchner y Carlos Verna, cuando ocupaban la presidencia y la gobernación, respectivamente, para que los organismos nacionales con delegaciones en La Pampa incorporaran el Plus Patagónico en los salarios del personal.

Política.

Carlos Ortellado, del Sitrasap, consultado por LA ARENA, rechazó la posición del gobierno respecto a que el tema debería ser no justiciable. "Fuimos a la Justicia porque la política no le dio curso al reclamo. El proyecto del ex diputado Jorge Lezcano por el plus nunca fue tratado en la Legislatura y el secretario de la Gobernación, Raúl Ortiz, nos recibió y se comprometió a realizar gestiones pero nunca más nos llamó", argumentó.

El adicional por zona patagónica alcanza al 30% del sueldo básico en el caso de los trabajadores de los organismos nacionales afincados en La Pampa, como el SPF, la UNLPam o la Anses. Los estatales pampeanos reclaman el pago puesto que consideran que están siendo discriminados con relación a quienes lo cobran.

Ortellado y Cafardo formaron parte de la delegación que acudió ayer a la mañana a la audiencia de conciliación convocada por Berardi. Vanini participó en representación del gobierno pampeano.