Dos años y medio después de las elecciones en las que el peronismo salteño se dividió en dos para afrontar las elecciones a gobernador y a diputados y senadores nacionales, el juez Bavio resolvió desaprobarles la rendición que hicieron los dos frentes electorales y cortarles los aportes públicos nacionales.

El 28 de octubre de 2007, el Frente para la Victoria -en la que se aliaron el Movimiento Libres del Sur, el Partido de la Victoria y el Frente Grande con el Partido Renovador de Salta- llevó en una misma boleta a Pérez Alsina, a José Vilariño, como diputado nacional y a Juan Manuel Urtubey como gobernador.

La elección se polarizó con el Frente Justicialista por la Victoria, integrada básicamente por el PJ que llevaba, además de Romero, a Marcelo López Arias como candidato a diputado nacinal, lo mismo que el actual ministro de Trabajo de Urtubey, Rubén Fortuny. Su candidato a gobernador era Walter Wayar.

Los dos frentes coincidieron entonces en llevar a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a presidente de la Nación, y treinta meses más tarde, coinciden también en la suspensión de los aportes públicos dispuesta por el juez Bavio.

La medida fue tomada en marzo de este año, después de que el magistrado intimara durante meses sin éxito a los apoderados de los dos frentes a subsanar las faltas que había detectado la auditora de la Cámara Nacional Electoral que revisó sus rendiciones.

En el caso del Frente Justicialista para la Victoria la auditora detectó que durante la campaña se había contratado publicidad en el diario El Tribuno -de propiedad del candidato a senador nacional por esa lista- por 121.875 pesos, un gasto que no había sido incorporado en la rendición presentada en la Justicia electoral.

"Sucede que el trabajo de la auditoría no se limita a analizar la documentación que traen los partidos. También investiga la publicidad que se contrató en los medios gráficos o audiovisuales, para cruzar los datos", explicó a Nuevo Diario una fuente judicial.

Espera

Pero la constatación de la falta no hizo por sí mismo que Bavio decretara la suspensión: la medida se tomó sólo después de que el juez se cansara de esperar que los apoderados del Frente respondieran a su pedido de aclaración sobre el tema.

En el caso del Frente para la Victoria , el magistrado también tomó la medida después de varias intimaciones. La auditora constató que la rendición no incluyó los datos correspondientes a la cuenta bancaria en la que se manejaron los aportes públicos y pidió aclaraciones al respecto. Tampoco recibió respuestas.

La Ley de Financiamiento de Partidos -Nº 26215- establece que los partidos que reciban aportes deben abrir una cuenta corriente única en el Banco de la Nación o en los bancos oficiales de las provincias para recibir los fondos nacionales. La medida busca evitar que los partidos manejen el dinero de sus campañas en negro.

Lo mismo que en su caso el Frente Justicialista para la Victoria, el Frente para la Victoria que creó Urtubey para alcanzar la gobernación no respondió a los requerimientos de la auditora.

Aunque dispuesta en dos resoluciones distintas, Bavio concluyó que ambos frentes habían incumplido con el artículo 38 de la Constitución Nacional.

El Frente para la Victoria - Partido Renovador de Salta, utilizó 130.634 pesos de aportes públicos nacionales para hacer su campaña y obtuvo únicamente 450 pesos de contribuciones y donaciones privadas. Prácticamente todo el dinero fue gastado en el rubro "gastos operativos de campaña", sin que se hayan declarado gastos de propaganda.

Los números no incluyen los aportes oficiales provinciales que hubieran manejado los partidos para la campaña a gobernador y legisladores locales.

La rendición no incluyó número de cuenta corriente, Banco Sucursal, ni fecha de apertura o cierre, requeridos en el mismo formulario.

Por su lado, el Frente Justicialista para la Victoria declaró que hizo la campaña a diputados y senadores nacionales con 137.725 pesos: 115.410 de aportes públicos y 22.315 de "aportes y transferencias de otros órganos o distritos.