"Causa perplejidad el objeto de la denuncia, sobre todo teniendo en cuenta que el derecho penal es la herramienta más coactiva del estado y por tanto debe ser interpretado como el último paso de la política social y no como la única y principal herramienta tendiente a solucionar cualquier conflicto social", subrayó el fiscal.

Delgado se pronunció así ante una denuncia formulada por Pedro Enrique López Sánchez, apoderado de la Sociedad "Cunard SA", que tiene a su cargo la administración de la Estación Constitución y pidió a la Justicia que "adopte las medidas de seguridad necesarias a los fines de desalojar la significativa cantidad de personas que diariamente residen ilegalmente y pernoctan en la Estación".

El pedido apuntaba también a quienes "practican la venta ambulante de diversa mercadería y en forma ilegal en los pasillos y acceso a la estación terminal de Plaza Constitución dificultando el ingreso y egreso de pasajeros".

Delgado descartó la intervención de la justicia federal (la causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadío) y replicó que se trata de "un profundo problema social y económico que la justicia penal no puede (ni debe) resolver", pues los afectados "se encuentran excluidos del mínimo nivel de existencia comunitaria por estar privados de los recursos humanos básicos".

El fiscal recomendó al juez Bonadío que se declare incompetente, remita las actuaciones a la Cámara Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, y al mismo tiempo notifique al gobierno porteño "sobre la situación de calle de las familias que están viviendo dentro de la Estación Terminal de Plaza Constitución".

El dictamen explica que "estos sujetos -que incluye niños y niñas- (viven) en una situación de desamparo y vulnerabilidad que los conduce a buscar una solución frente a la emergencia habitacional bajo un techo público: la Estación Constitución. Ello no hace más que revelar una alarmante situación que acecha actualmente a nuestra fragmentada sociedad".