Alivio. Esa fue la primera sensación que tuvo el secretario municipal de Gobierno, Fabián Lliteras, apenas tomó conocimiento, a primera hora de ayer, del fallo judicial que rechazó la medida cautelar de las empresas Transporte Automotor Plaza SACI y Mayo SATA, para que cesen los efectos de la caducidad de la concesión del servicio público de pasajeros, decretada en febrero por el jefe comunal.

"Lo único que atiné fue llamar al intendente y avisarle", comentó ayer Lliteras a este diario, en relación a la medida dispuesta por el juez de primera instancia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo local, Agustín López Cóppola.

La decisión, que puede ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, implica que no habría escollos para que el municipio, en lo sucesivo, retire a Plaza y Mayo del manejo de las 12 líneas adjudicadas en 2008, así como da vía libre a la decisión de tomar inmediatamente la administración de la línea 502 --a través de la SAPEM-- y transferir la 505 a la empresa Rastreador Fournier.

Para el juez "no se encuentra acreditado" que la quita de las mencionadas líneas genere un "desbalanceo económico" a las empresas, el cual produciría "un desfinanciamiento insostenible", según lo remarcaba en su presentación el abogado Edgar Alex Di Berardini, apoderado de ambas firmas.

Sí admitió López Cóppola el argumento de Plaza acerca de que la Municipalidad no estaba facultada para romper los combos de los recorridos licitados (con líneas rentables y otras deficitarias, para generar un paquete balanceado), al quitar líneas con menor número de incumplimientos y que prácticamente no circulan por calles de tierra.

De todas maneras, sostuvo el magistrado que para aceptar el amparo en ese caso también se debía cumplir otro requisito, que es "el recaudo del peligro en la demora", que en este caso no se dio.

Según López Cóppola, los elementos presentados por las empresas al solicitar la medida cautelar "no resultan suficientes" para demostrar el supuesto desequilibrio de la ecuación económico-financiera del contrato que generaría esa medida, como tampoco aclaran, "con necesaria precisión", en qué aspectos de la ecuación incide ese desbalanceo.

El juez, a su vez, desestimó los argumentos de Plaza y Mayo cuando denunciaron "vicios y defectos" en el decreto de caducidad del contrato, por recurrir a "argumentaciones genéricas y dogmáticas".

Por el contrario, para el magistrado, de los considerandos del mismo "se desprende una minuciosa descripción de los antecedentes del hecho y derecho merituados por el intendente municipal para disponer la caducidad".

En ese sentido, se refirió a incumplimientos de frecuencias y recorridos, multas aplicadas por infracciones al pliego de bases y condiciones, mal estado de la flota vehicular y manifestaciones públicas de Plaza de abandonar el servicio.

Destacó, finalmente, la obligación municipal, de acuerdo con el mencionado pliego, de respetar "el principio en favor del usuario" y la obligación de "adoptar medidas para recomponer la situación de emergencia que provoca un servicio público con graves deficiencias operativas, ocasionadas por los reiterados incumplimientos de las empresas".

En base a estos argumentos, el juez interviniente desestimó la medida cautelar solicitada.

También en Mar del Plata. Por otra parte, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata también rechazó presentaciones de la empresa Plaza --aunque como recursos de queja--, en cuatro causas que derivaron de multas impuestas por el Juzgado de Faltas municipal de Bahía Blanca, al considerar inadmisible la alternativa presentada.

El fallo correspondió a los jueces Elio Horacio Riccitelli, Adriana Sardo y Roberto Mora, quienes desestimaron los planteos de la firma capitalina en contra del pago de 270 mil pesos (son cuatro sanciones por incumplimientos en el servicio, de 93.600, 72.000, 68.400 y 36.000 pesos).

Plaza se quejó por la resolución del Juzgado en lo Correccional Nº 2 bahiense, que había considerado mal otorgado el recurso contra la sanción administrativa.

"La queja traída a estudio resulta --en atención a las particularidades del caso-- formalmente inadmisible", aseguraron los magistrados.

Explicaron que "contra las sentencias definitivas de los jueces de faltas podrá interponerse recurso de apelación, debiendo intentarse y fundarse dentro de las 72 horas de su notificación, ante la autoridad que la dictó y elevarse al juez en lo Correccional en turno, quien conocerá y resolverá el recurso", ampliaron.

Sostuvieron que "`sentencia definitiva' no es más que el acto administrativo final dictado por el juez de faltas comunal y que la alternativa rotulada como `recurso de apelación' no es otra que la vía legalmente establecida para obtener la revisión judicial suficiente".

"La revisión del pronunciamiento (...) que juzgó vencido el plazo legal para intentar la revisión judicial del acto administrativo dictado por el juez de faltas comunal, mal puede encaminarse a través de un recurso de queja, alternativa procesal no prevista para tal supuesto examinado", sentenciaron.

Dos frases del fallo

* "La parte actora (Plaza y Mayo) no aporta datos suficientes que permitan meritar el peligro que con tanta vehemencia enuncia, no supliendo la deficiencia expresada el ofrecimiento de los balances de los últimos tres años. Ello toda vez que no fueron acompañados".

* "No escapa al suscripto que la quita de las líneas de colectivos inevitablemente trae consecuencias económicas, no obstante las actoras no logran acreditar, en esta instancia y con la prueba ofrecida, la dimensión del peligro en la demora (del tratamiento del caso), que posibilite el dictado de la medida cautelar".

"El servicio es cada día peor"

La falta de unidades, la antigüedad de la flota y el incumplimiento de frecuencias siguen siendo las principales falencias del servicio de transporte urbano a cargo de las empresas Plaza y Mayo.

Así al menos lo asegura el informe que la semana próxima elevarán al Concejo Deliberante los integrantes de la Comisión de Usuarios Testigos que controla, cada mes, el funcionamiento de las 16 líneas que operan en la ciudad.

"En términos generales faltan más coches que el año pasado, por lo cual el funcionamiento empeoró. Mientras que Plaza y Mayo deberían tener en circulación 110 coches, hemos detectado entre 75 y 88, dependiendo del horario", explicó ayer a "La Nueva Provincia" Bibiana Dicek, integrante de esa comisión.

A diferencia de los que viene realizando desde que comenzó a funcionar la comisión, en marzo el control se realizó de manera exclusiva a través de Internet, recurriendo a la página www.gpsurbano.com, dispuesta por el municipio para que cualquier particular pueda conocer el estado del servicio en tiempo real.

"Nos dedicamos a analizar los datos que surgen del uso de los GPS, sin confirmarlos con un trabajo de calle. El único detalle que tuvimos que considerar es que en algunos sitios de la ciudad el GPS no emite señal, con lo cual puede estimarse que puede haber entre 8 y 10 coches que no aparecen en pantalla. Pero así y todo siempre faltan, y en mayor cantidad que en 2011", agregó Dicek.

La vecina reconoció además la diferencia existente entre la calidad del servicio de Plaza-Mayo con el que ofrece Rastreador Fournier, la compañía que administra las líneas 500, 507, 514 y 519.

Además, Dicek explicó que Plaza-Mayo mantienen la tendencia de los últimos meses en cuanto a la antigüedad de su flota y el mal estado de sus coches, explicando que esto se origina en el uso de unidades no preparadas para sumarse al servicio diario.

"Una de las razones es que tienen en circulación permanente los coches incorporados para servir como plantones o de reserva, es decir que sólo deberían circular cuando se rompe alguna unidad", indicó.

El otro punto es que casi no quedan coches de piso bajo, accesibles para discapacitados. Los que llegaron en 2008 fueron reemplazados poco a poco por otros de piso alto, con dos escalones.

La comisión, hoy. Creada a mediados de 2009, la comisión de Usuarios Testigos es un grupo de entre 6 y 10 vecinos "usuarios habituales" del sistema de transporte urbano local.

Si bien este último informe lo hicieron a través de Internet, desde que comenzaron a trabajar los realizan de manera personal, parados en distintas esquinas o en los puntos de salidas de cada empresa, verificando frecuencias, estado de los coches, recorridos y todo lo relacionado con la prestación.

Durante el tiempo que desde el Departamento Ejecutivo se defendió la calidad del servicio de Plaza y Mayo, prácticamente hasta fines del año pasado, tanto los funcionarios como los concejales oficialistas desacreditaron el trabajo de esta comisión.

"Sus informes carecen de rigor técnico", señaló, cada vez que ponían en evidencia esas falencias, el entonces secretario de Gobierno, Hugo Borelli. También la edil Soledad Espina fue implacable al asegurar que los informes "carecían de una metodología estadística".

Bibiana Dicek afirmó que esa relación "cambió completamente" desde la llegada de Gustavo Bevilacqua a la intendencia, ya que de inmediato "reconoció el problema" y marcó como "objetivo imprescindible mejorar la prestación".