La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Santa Rosa resolvió recientemente desaprobar el informe del estado contable anual correspondiente al ejercicio 2010 de la Unión Cívica Radical de La Pampa. A su vez, por la misma resolución dispuso la pérdida del aporte para desenvolvimiento institucional del partido correspondiente a un ejercicio completo. Se trata de un corte de los fondos que anualmente el partido recibe por parte de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.

El fallo judicial data del 17 de febrero y está firmado por el juez federal Pedro Zabala y el prosecretario electoral, Daniel Miranda. Este diario accedió a la copia del documento, una cédula de notificación, que le fuera remitida al apoderado del partido, el abogado Carlos González.

Transparencia.

Una semana antes, otro fallo de la misma repartición judicial dispuso multar al radicalismo por no presentar el informe final de aportes y gastos con motivo de la campaña electoral legislativa y presidencial correspondiente a los comicios celebrados el 23 de octubre de 2011. En este caso, la UCR provincial no informó cómo usó los fondos que el Estado le remitió para encarar la campaña electoral.

La multa de rigor equivale al 0,2 por ciento de los dineros públicos que le correspondieran por cada día de demora en la presentación del informe adeudado, deducible del total de los fondos públicos que reciba en la próxima distribución del fondo partidario permanente.

La misma resolución estableció intimar al partido para que presente la rendición de gastos dentro del plazo establecido por la Ley Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. Si no lo hace, la Secretaría Electoral advirtió que podría decretar la suspensión cautelar de todos los aportes públicos, sin perjuicio de proceder al cobro de las multas correspondientes.

Deja vu.

Hace un año, el presidente de la UCR La Pampa, el senador nacional Juan Carlos Marino, se había reunido con las autoridades de la Justicia Electoral tras conocerse que su partido había sido multado por no presentar sus balances correspondientes a los ejercicios de los años 2008 y 2009. En ese momento, fuentes partidarias habían apuntado sus miradas a Mauro Pildain, quien antecedió a Marino en la presidencia, y a Juan Chiquilito, quien ocupaba la tesorería durante la gestión del realiquense.

Carlos González, apoderado de la fuerza, había asegurado entonces que los balances se habían realizado pero que, por algún motivo, no habían sido presentados, tal cual lo prevé la Ley 26215. La principal preocupación de Marino era subsanar las irregularidades para que el partido no fuera castigado con el corte en la remisión de los fondos, sobre todo teniendo en cuenta que ese año, 2011, debía encarar la campaña para las elecciones generales de octubre.

Rendición.

Por aquellos días, otro ítem que el radicalismo había incumplido era la rendición de cuentas de los gastos de la campaña para las elecciones legislativas del año 2009. Sobre ese tema, las fuentes de la UCR consultadas en febrero lo habían atribuido a un error. La rendición, aducían, se había realizado correctamente, pero como Frepam, el frente que unió a radicales con socialistas, fregenistas y desarrollistas.

Si bien había sido la coalición la que había realizado el trámite, también correspondía que lo hiciera la UCR, aunque se consignara que no había habido ingreso ni salida de fondos, para no incurrir en una doble rendición de los mismos. Esta formalidad no había sido cumplimentada entonces y, según decían, la iban a realizar antes del 31 de marzo pasado, junto con las de los balances 2008 y 2009.

Un año después, sin Pildain, ni Chiquilito en la administración de los fondos partidarios, las irregularidades continúan a la orden del día.