El TSJ emitió un comunicado en el que asegura que el desfinanciamiento "afecta la independencia del poder" y dijo que se puede paralizar el servicio. Labate aseguró que las soluciones "son políticas".El pedido de mayor presupuesto se da en medio de reclamos de aumento por parte de empleados y magistrados.
En el texto, que profundiza el reclamo de fondos al Ejecutivo, el TSJ detalló los mecanismos que realizaron para solicitar un aumento en los niveles de coparticipación que reciben para contar con más presupuesto y que el Poder Judicial salga de la crítica situación financiera que alega.
"Atento el serio deterioro salarial producido en el primer semestre del año, se solicitó un incremento de la partida pertinente para atender esa situación, tal como sucedió en este último bimestre con la recomposición salarial que recibieron el resto de los agentes de los otros dos Poderes. Tal postura tampoco fue aceptada, generando una insostenible desigualdad entre los distintos sectores que integran el Estado provincial", manifiestan los vocales del TSJ en el comunicado.
En la reunión en la Comisión de Hacienda de la Legislatura, el martes pasado, el presidente del TSJ, Guillermo Labate, le solicitó a los diputados que la integran que aprueben el presupuesto enviado para este año, el cual tiene 6 puntos más de coparticipación del que reciben hace años.
Anoche, el vocal se reunió con representantes de Sejun para ponerlos al tanto del comunicado. Al término de la reunión, explicó que el presupuesto que se presentó en la Legislatura “es austero”. “Lo demás es decisión política”, afirmó.
Aumento negado
Por su parte, los legisladores le negaron el aumento y, el presidente de la comisión, Rolando Figueroa, señaló que no están en desacuerdo con que den un aumento salarial a los empleados pero que lo hagan con sus propios recursos.
Sin embargo, la ministra de Hacienda, Esther Ruiz, afirmó que el Ejecutivo enviará al Poder Judicial una suma de 20 millones de pesos como aportes no reintegrables.
El TSJ remitió en octubre pasado el presupuesto provincial donde calculó un déficit para el ejercicio de este año de 68 millones de pesos el cual, durante este año, se achicó a 25 millones de pesos. Lo que llevó al TSJ a reducir la cantidad de puntos que desean que se aumente de la coparticipación, ya que "con dos o tres puntos más se cubre el déficit".
El máximo órgano del Poder Judicial señaló que los diputados rebatieron su denuncia del estado financiero "en razón de diversos argumentos, basados todos ellos, en cifras que no se ajustaban a la realidad económica, ya que los egresos calculados en el Presupuesto General del Poder Ejecutivo para con este Poder, no contemplaban la totalidad de la partida de gastos de personal, la que se encontraba reducida en un 20%. Tampoco contemplaba los gastos estimados en servicios - alquileres, luz, gas y teléfono- lo que resulta absolutamente incomprensible".
Magistrados se sumaron al reclamo
Neuquén > La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén aseguró ayer a través de un comunicado que el Poder Judicial “no puede solventar la actividad de sus organismos con el mismo porcentaje de coparticipación fijado en 1992”.
Además, pidieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo que arbitren los medios económicos necesarios para “asegurar la administración de Justicia” y al Tribunal Superior que tenga una actitud de “mayor firmeza” a la hora de hacer cumplir las pautas presupuestarias.
Razones
Los magistrados sostuvieron que hay dos razones por la cuales el Poder se encuentra desfinanciado: la construcción de la Ciudad Judicial que “agotó los ahorros de la Justicia” y el incremento “desmesurado e irracional” de los organismos judiciales.
Sapag quiere una cláusula de garantía
Neuquén > El gobernador Jorge Sapag afirmó ayer que es necesario “redactar una cláusula de garantía de funcionamiento de la Justicia” en el presupuesto del Poder Judicial.
El mandatario afirmó que estuvo reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate, para tratar el aumento del presupuesto que se reclama desde el Poder. Actualmente, el cálculo está a la espera de ser aprobado en la Legislatura provincial.
Indagado sobre la posibilidad de que la Justicia vea mermado su servicio ante la ausencia de fondos, Sapag dijo que el tema presupuestario será resuelto en la Legislatura y que es necesario incluir una cláusula para garantizar el servicio.
El Ejecutivo prometió una suma de 20 millones en concepto de aportes no reintegrables al Poder.
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