Sin hablar de desalojo por la fuerza, el juez remarcó que existe una "orden judicial previa" que dispuso arbitrar los medios necesarios para garantizar "la normal circulación de vehículos que transiten por las rutas nacionales de jurisdicción de aquel juzgado y la totalidad de los pasos fronterizos con Uruguay, y para velar por la seguridad de los manifestantes y de las personas que quieran utilizar las rutas y los pasos fronterizos".

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de Justicia, el juzgado "supeditó el cumplimiento de dichas mandas y su modalidad operativa a las instrucciones que recibiera la fuerza preventora del Ministro del Interior".

"Con este cuadro de situación, cabrá nuevamente acordarle razón al Ministerio Público, en orden a que desde un inicio de los cortes de los puentes internacionales se ha propendido a garantizar el derecho constitucional de libre tránsito, restando únicamente que el Ministro del Interior del que depende la

fuerza federal emita la orden de cumplir el mandato judicial", dijo el magistrado al avalar el pronunciamiento del fiscal María de los Milagros Squivo.

Agregó que, si bien a la fecha no se han materializado las mandas, "ello no les quitó vigencia a las mismas, pues expresamente y dada la especial conflictividad existente, se dejó librado a un criterio de oportunidad su instrumentalización".

La presidenta Cristina Kirchner había asegurado la semana pasada tras reunirse con el jefe de Estado uruguayo José Mujica que era resorte de la Justicia el fin del corte de ruta.

Sin embargo, esta mañana el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, garantizó que no habrá represión para liberar el paso que se encuentra bloqueado desde hace tres años y medio en contra delfuncionamiento de la pastera UPM (ex Botnia). NA.