NEUQUÉN (AN).- La jueza federal Carolina Pandolfi y la fiscal subrogante María Cristina Beute inspeccionaron ayer las plantas de tratamiento de líquidos cloacales que posee en la ciudad el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) como parte de una investigación en la que se estudia la denuncia presentada por los obreros del organismo sobre la contaminación que las estaciones producen en los ríos Neuquén y Limay.
El representante de los obreros en el directorio del EPAS, Carlos Muñoz, se mostró conforme con la actuación de la Justicia y fundamentalmente con la toma de muestras de agua. El presidente del bloque de concejales de Unión de los Neuquinos (Une) e impulsor de la denuncia que dio pie a la investigación, Mariano Mansilla, advirtió que "por sus características esta inspección fue más bien un allanamiento".
El concejal consideró que "engañaron a la sociedad diciendo que se estaban por realizar las obras de ampliación necesarias pero nunca se hicieron y hoy nuestros ríos están en riesgo".
Mansilla destacó que lo que se investiga es "el envenenamiento de un curso de agua" y agregó que "lo peor es que esto no es por negligencia sino que lo hicieron deliberadamente porque varias veces nos han mentido diciendo que estaban solucionando todo".
Al respecto Muñoz, que participó de la inspección, detalló que "en Tronador encontramos que hay tres módulos que siguen fuera de servicio y por eso sigue habiendo un by-pass que lleva líquidos sin tratar al río y en Parque Industrial vimos un caño que tiraba presumiblemente crudo al río" y agregó que "lo bueno es que ahora será la justicia la que en función de las muestras que tomó con sus peritos y con Gendarmería determine si acá hay contaminación".
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