La Cámara de Diputados aprobó recientemente una Resolución en la que se dispone protección a las familias de los asentamientos; sin embargo, se pudo saber que la Justicia continuará con el proceso por los predios usurpados en la ciudad, e igualmente afirman que todavía no se dispondrá la orden de desalojo y está muy lejos la posibilidad de solicitar a los ocupantes que los abandonen.

El debate se abrió a partir de la situación de los vecinos que se ubicaron sin permiso ni autorización, en tierras de los barrios San Antonio Oeste y Virgen de los Dolores.

La norma legislativa que busca amparar a los ocupas, se basa en garantizar el derecho constitucional que tiene cada ciudadano a acceder a una vivienda digna. Sin embargo, un funcionario municipal manifestó a EL LIBERTADOR que ambos espacios cuestionados, tienen dueños y no son fiscales.

Más allá de las versiones, el subsecretario de Tierra y Hábitat de la Comuna, Miguel Villalva, explicó que "no se desalojará a ninguna familia de los asentamientos. Aunque el juicio continúa, está muy lejana la posibilidad de que se les pida que abandonen los lugares".

De acuerdo con lo que señaló, existe un juicio iniciado por los propietarios de los terrenos que actualmente están ocupados y que por eso no se puede detener el proceso. Igualmente aclaró que la Comuna no tiene ningún tipo de ingerencia en el reclamo.

PROYECTO

"Es una situación que se repite con mayor frecuencia en los grandes conglomerados urbanos de la provincia, debido al bajo nivel de construcción de viviendas que registra Corrientes", sostuvo la diputada, Sonia López, al justificar el proyecto de su autoría que consiguió el acompañamiento de toda la Cámara baja.

La Resolución solicita al Poder Ejecutivo que adopte las medidas para impedir el desalojo violento del asentamiento nuevo del barrio San Antonio Oeste de esta ciudad, e insta al cumplimiento de la cláusula constitucional de acceso a la vivienda digna.

Pide también al Ejecutivo provincial que implemente los mecanismos para la salvaguarda de los ocupantes efectivos del barrio Virgen de los Dolores de la Capital correntina, para el acceso a una vivienda digna en el mismo terreno que poseen, de manera pacífica hace más de 20 años.

El proyecto se basa en el artículo 63 de la Constitución Provincial, en el cual el Estado considera la tierra como instrumento de producción, evitando la especulación, el desarraigo y la conformación de latifundios improductivos; a la vez que sostiene que el acceso a la propiedad constituye un derecho para todos los habitantes de conformidad con la Ley.

VECINOS

Según se describe en el expediente, las 50 familias que tomaron un terreno en el barrio San Antonio Oeste para construir sus casas, en la mayoría de los casos, solicitaron en alguna oportunidad viviendas al Invico, "es decir, se trata de familias que tienen la intención de aportar mensualmente para la consecución de una propiedad".

En el caso de Virgen de los Dolores, el asentamiento data de 15 a 20 años en la mayoría de los casos, con un barrio ya construido, con edificaciones de material, que no pueden acceder a los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable por la consideración de insuficiencia de titulo jurídico de propiedad, aunque de hecho ejercen la posesión y la titularidad efectiva.