Tal como adelantó Clarín el lunes pasado, el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi firmó una batería de medidas para profundizar la investigación sobre irregularidades en los subsidios de la Oficina Nacional de Control Agropecuario (ONCCA).
“Hacienda Argentina” registró tres domicilios distintos. Dos de ellos están relacionados con la esposa de Echegaray. La justicia llegó hasta el tercero, en Uruguay 766, preguntando si ahí funcionaba la empresa. En el inmueble nadie conocía a la sociedad ni a sus miembros.
En el camino de confirmar la capacidad económica de ambos accionistas, de la firma y de otras empresas más que están siendo investigadas, el juez citó a testimonial a funcionarios de la AFIP.
Esta causa -en la que está imputado Echegaray y otros once funcionarios de la AFIP y la ONCCA- persigue también la asignación de subsidios a frigoríficos como es el caso de Rioplatense, de la familia Constantini, que cobró de la ONCCA siete millones en un sólo pago. La decisión fue insólita porque las compensaciones estaban destinadas a los feed lots -corrales donde se engorda el ganado con granos- y buscaban mejorar los precios del mercado interno. Los frigoríficos son mayormente exportadores. Frente al escándalo público que generó la difusión de ese subsidio, la ONCCA firmó la resolución 1164/09 que intentó justificarlo legalmente.
Martínez de Giorgi ordenó presentaciones a Rioplatense y otros beneficiarios como Arrebeef, Quickfood y Gorina en búsqueda de documentación.

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