El requerimiento de la fiscal llegó a la Municipalidad capitalina dirigido a la oficina del procurador de la comuna, el abogado Aníbal Anaquín. Según el pedido judicial, la fiscal solicitó del municipio se informe sobre todos los antecedentes sobre la contratación de la concesión de la construcción, el mantenimiento y la explotación de la nueva Terminal de Omnibus aprobada por decreto 930/00 y sus convenios adicionales.

Asimismo, informaron fuentes del Ministerio Público, se requirió también la documentación referida a la presentación y aprobación de planos y documentos técnicos de la obra de la Terminal, y de su seguimiento por parte de las reparticiones encargadas de la policía de obra.

En otro apartado, se solicitó la nómina de todos los funcionarios que estuvieron a cargo de las funciones relativas a revisión de los pliegos contractuales, revisión y aprobación de planos, procedimiento de evaluación de impacto ambiental y fiscalización de obras de la ciudad.

A COPAIPA

Tambien la fiscal Sodero ordenó remitir al presidente del Consejo de COPAIPA, Eduardo Laconi, la remisión de expedientes, registros, constancias y todo antecedente relacionado a las operaciones de certificación, visado, revisión de estructura, sismo resistencia, higiene y seguridad, y cualquier otra documentación y registro vinculado a la intervención de ese consejo profesional en los trámites de la obra de la Terminal.

Un tercer escrito fue girado al director de Aguas del Norte, Esteban Isasmendi, a quien se le requirió documentación relacionada a la construcción del canal subyacente y toda otra documentación referida a planos y aprobaciones que se hayan realizado en torno a las obras de la Terminal de Omnibus.

A partir de la remisión de esta documentación, la fiscal Sodero busca establecer la existencia de las supuestas irregularidades y delitos denunciados por el ingeniero civil Arturo Farfán en Nuevo Diario, quien el lunes pasado amplió su acusación contra funcionarios de la Municipalidad local. Hasta ayer, sólo la Municipalidad solicitó una prórroga, mientras que COPAIPA y Aguas del Norte todavía no remitieron los antecedentes requeridos.

Responsabilidades

Según el denunciante hubo fraude en el contrato de concesión entre la Terminal Salta y la Municipalidad, negociación que preveía la construcción de la Terminal de Omnibus y la explotación y mantenimiento del servicio de transporte.

Explicó que en el marco de este contrato se acordó la creación de una comisión de control, integrada por tres miembros elegidos por el Municipio de las áreas de Control, Obras Públicas y Transporte.

Farfán detalló fechas y avance de las obras, programada en tres etapas, de las cuales, según afirmó, sólo se cumplió con un módulo, sin que hasta la fecha se hayan cumplido con los otros dos establecidos por la comisión de control.

Como ejemplo, explicó en su denuncia que se había previsto que sobre la cubierta del canal se ubicara la playa de estacionamiento de vehículos livianos y funcionó de esa manera hasta que se decidió ubicar en ese sector el estacionamiento de los buses de larga distancia, sector que colapsó y por poco no fue una tragedia.

Farfán aludió también la supuesta presentación tardía de planos y otra documentación por parte de la Terminal Salta, como así también responsabilizó a la Municipalidad por los incumplimientos en que incurrió al no exigir que se respeten los plazos de obras.

En ese marco, el denunciante amplió su acusación por la posible comisión del delito de violación de deberes de funcionario público.