La resolución judicial, que se conoció ayer en los Tribunales de Rosario, nació con un episodio inusual. El 26 de noviembre de 2009 se coló flujo energético por los cables telefónicos de cerca de un centenar de viviendas ubicadas sobre la numeración del 1200 al 1400 de calle Garzón. La descarga se produjo por un tendido de electricidad ilegal.

Demasiado riesgo. Esta situación provocó el deterioro de 200 metros de cable maestro de Telecom (del cual se empalman las bajadas a los domicilios particulares) y la electrificación de las riendas de acero que sujetan los postes a nivel del piso.

Por el desperfecto, según la denuncia de la prestadora telefónica, se electrificaron las bajadas domiciliarias de nada menos que "noventa clientes".

"Cada uno de los habitantes de los domicilios, al electrificarse con 220 voltios su conexión telefónica, sufrió riesgo de salud o vida. Si cada uno de esos hogares es habitado por cuatro personas, el riesgo potencial afectó a 360 personas aproximadamente", advirtió Telecom.

Para dar cuenta de la gravedad de la falla, la empresa recordó que "las normas de seguridad indican que la distancia mínima que debe existir entre líneas de energía y planteles telefónicos para redes de distribución domiciliaria es de sesenta centímetros a un metro, cuando resulta que las conexiones eléctricas irregulares se encuentran directamente apoyadas sobre el cableado telefónico".

La compañía de telecomunicaciones agotó los reclamos ante la EPE para que regularizara las conexiones clandestinas pero nunca obtuvo respuestas a sus reclamos.

Frente a ello, le presentó al juez Civil y Comercial Nº 3, Hernán Carrillo, una medida autosatisfactiva contra la empresa estatal para que, de forma urgente, realizara los trabajos tendientes a normalizar la irregular situación que puso en riesgo a decenas de personas en ese sector de la zona noroeste de la ciudad.

Luego de sopesar las variables del caso, el juez interpretó que la medida solicitada por Telecom era viable.

Tutela urgente. Se "vislumbra la necesidad de concebir una suerte de tutela cautelar urgente sustantiva", dice el magistrado entre sus fundamentos.

Así, Carrillo encuentra acreditado lo manifestado por Telecom.

El magistrado verificó que los hechos denunciados "son reiterados, que configuran el supuesto delito de hurto de energía, que merced a ello peligra la vida de los vecinos en general y de los empleados de la actora en particular".

El 13 de abril pasado, el juez resolvió entonces hacer lugar a la medida y, en consecuencia, le ordenó a la EPE que en el término de diez días de notificada la resolución desconecte o regularice técnicamente el cableado clandestino ubicado sobre Garzón entre las numeraciones que van del 1200 al 1400.

Algo es seguro, por fortuna, en ese sector de la zona noroeste no hubo que lamentar víctimas.