La inspección se hizo "en los lugares de donde fueron secuestrados los trabajadores: el comedor de la planta, las oficinas de la planta de estampado, y la planta de pintura y montaje", según informó el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

También, se explicó, se recorrieron "los quinchos del parque recreativo, donde el Ejército montó en un centro de tortura, y los mantuvo detenidos ilegalmente durante varias horas, antes de llevarlos a distintos centros clandestinos de detención de la zona".

En un comunicado se indicó que además de la jueza y las víctimas participaron "la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -organismo querellante en la causa- Mariana Maure; el abogado Tomás Ojea Quintana, representante legal de la querella particular, y la coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria, Judith Said".