"¡La vivienda única es parte de la soberanía!", gritaron los manifestantes con la expectativa de que el martillero les prestara atención y suspendiera la medida, pero no fue posible. Así y todo, Isabel Barroso -referente de la Asociación- advirtió en diálogo con El Diario que se podría presentar un pedido de nulidad de la subasta, porque hubo varias anomalías.

El remate perjudica a la familia de Jaime Pons, que tiene cuatro hijos. Pons se separó de su mujer y vendió una vivienda. Dicen que el abogado Aldo Walter Díaz no hizo a tiempo los trámites correspondientes para inscribir el levantamiento de un embargo que tenía esa casa, y la situación derivó en este drama social.

Los ocupantes de la vivienda confiaron en que el embargo figuraba legalmente, como correspondía. Esa vivienda fue comprada por otra mujer, que ante el conocimiento de que pesaba un embargo sobre la propiedad se sintió perjudicada.

Inició un juicio a la familia, sobre la nueva casa. Hubo audiencias de conciliación y la jueza interviniente le planteó en algún momento que tenía que optar entre seguir con la demanda o aceptar un monto de dinero por los daños y perjuicios sufridos.

Pero aunque ese último acuerdo se produjo, los trámites se fueron demorando: según Isabel Barroso, la jueza de Paz de Anguil -donde residen Pons y sus cuatro hijos- se negó a formalizar una constatación de que residen en una vivienda de esa localidad y los trámites burocráticos impidieron una solución antes de que llegara el día del remate.

El juez Guillermo Salas, del Juzgado 3 -que ordenó ese trámite-, se negó a recibir a Pons y su ex esposa para aclarar el tema: el secretario les dijo a ellos y a su abogado Eduardo Fernández que no los podía recibir. Ayer se concretó la subasta.

"El martillero Conti empezó el remate 3 minutos antes de las 10 de la mañana", dijo Barroso. Cuando cantaron el Himno, el profesional se retiró de la sala. Luego leyó el edicto "pero sin que se escuche bien; se lo leyó a la parte que ya había arreglado para comprar. Se hizo el remate, pero se podrían buscar indicios de nulidad, porque quedó en evidencia el arreglo con los compradores y el edicto no se escuchó", insistió Barroso.

El martillero advirtió varias veces que usaría la fuerza pública: "Fue muy rápido y muy soberbio", apuntó Barroso y denunció que "donde ven que pueden meter una de nuestras casas al mercado inmobiliario lo hacen, porque para ellos es sólo un negocio".