La Justicia rionegrina, y en especial la cipoleña, no atraviesa su mejor momento y los cuestionamientos se acumulan en el día a día. De manera concreta, los vecinos critican el papel del Poder Judicial en distintas causas penales que tienen su origen en la región. En las últimas semanas, se recordaron los aniversarios de fechas tristes para familiares y amigos de víctimas de distintos hechos de violencia. Hoy domingo, por ejemplo, confluirá la comunidad local en el parque Rosauer para recordar a las víctimas del segundo Triple Crimen. Apenas una postal de actos que se reiteran en el tiempo y donde se reclama de manera incesante justicia. El pasado mes de abril se cumplieron cinco años del hallazgo del cadáver de la adolescente Otoño Uriarte, otro de los tantos casos irresueltos. Y también, todavía está vivo el dolor de los allegados a las jóvenes Verónica Villar y María Emilia y Paula González y el frustrante juicio político contra el juez Pablo Iribarren, quien fue absuelto por las supuestas irregularidades cometidas durante la investigación.

“Me decepciona el Poder Judicial”, resaltó el último miércoles Ricardo Cejas, viudo de Carmen Marcovecchio, una de las vecinas de Cipolletti que murió en la denominada Masacre del Laboratorio.

Todavía no se observa una mirada hacia adentro de los integrantes de este poder del Estado que es fundamental para la sociedad. Tampoco una mayor apertura que favorezca la difusión de su trabajo; a esta altura ya no alcanza con el latiguillo de que los “jueces hablan por sus sentencias”. Estructuras vecinas como el Poder Judicial neuquino y otras, de mayor envergadura, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhiben un gran protagonismo a la hora de informar al conjunto de las personas con plataformas virtuales que se renuevan en forma periódica. En definitiva, todo lo que pasa por manos de jueces y funcionarios subalternos es información pública y tanto juzgados como cámaras criminales cipoleñas deben facilitar el acceso de la prensa a ese material. Paralelamente, pueden y deberían instruir a los periodistas para un correcto tratamiento de fallos y decisiones judiciales para el beneficio del conjunto de las personas.

Algunos magistrados comprendieron el destacado papel que cumplen y participan activamente de las reuniones del Consejo de Seguridad Ciudadana. En ese marco, brindan sus opiniones y los representantes de las distintas organizaciones tienen oportunidad de consultarlos sobre los temas que les preocupan.

Quizás esos funcionarios están marcando un camino de mayor acercamiento con un pueblo que los requiere como líderes y ejecutores de una justicia que hasta ahora la ven lejana y poco efectiva.

El desafío está abierto para un Poder Judicial que se merece respeto y no insultos.