El juez Armella dio lugar ayer a la medida cautelar presentada por el concejal Luzardo y determinó frenar los incrementos en la autopista La Plata-Buenos Aires. Ordenó que la empresa Coviares SA presente un plan detallado para la ejecución de obras
En este contexto, la resolución del magistrado exige “suspender el nuevo aumento en el cuadro tarifario, continuando con la aplicación de las tarifas fijadas al 4 de octubre de 2010, hasta tanto se resuelva el presente en forma definitiva”.
A su vez, Armella también ordenó en su dictamen que Coviares SA presente “en el plazo de treinta días un plan detallado que contemple la ejecución de las obras de infraestructura y mantenimiento a las que está obligado conforme el contrato de concesión”.
El fallo deja en claro además que, si las codemandadas incumplen con la medida cautelar dispuesta, se impondrá “una multa diaria cuyo monto integrará un fondo destinado a la ejecución de obras y mantenimiento de la autopista”.
“Yo vengo desde octubre de 2010 con este tema y no pensé que iba a tener este fin. La verdad que estoy muy contento con la decisión y la valentía de este juez”, dijo a Hoy el concejal Gustavo Luzardo, quien presentó la demanda contra la empresa concesionaria ante la Justicia.
Luzardo también destacó que el juez captó “el sentido común que tenía el vecino” y agregó: “A veces las empresas tienen que ganar menos y no podemos esperar que el vecino financie las obras”.
“Hay que ver si la decisión se hace efectiva”
Quien también dio su opinión a este medio fue el presidente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, quien indicó: “La decisión está bien, pero hay que ver si se hace efectiva, porque otras veces hubo amparos y no se hicieron los descuentos o no se respetaron las tarifas”. “Bienvenido sea que los legisladores se ocupen de esto, pero también deberían ocuparse de las tarifas en la ruta 2 y no solamente de este tema”, advirtió el titular de Conaduv, entidad que cuestionó el contrato de concesión de Coviares SA en las últimas horas (ver aparte).
Solicitan retiro de concesión a Coviares SA
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) manifestó a través de un comunicado que el contrato de concesión de la autopista La Plata-Buenos Aires debe ser rescindido por “leonino e ilegal” y por los reiterados incumplimientos.
Asimismo, se habló sobre las propuestas hechas por algunos legisladores bonaerenses en referencia a la administración de la autovía a través de un consorcio de municipios: “La misma no garantiza dar respuestas en cuanto al mantenimiento, inversiones, obras ni seguridad a los usuarios viales”.
“Dicho corredor debe pasar a manos del Estado nacional, eliminando las cabinas de peaje existentes y financiando el mantenimiento respectivo y las nuevas obras que se necesiten a través de la reasignación de parte de los fondos viales que recauda el Estado nacional, que ascienden a la suma de más de $ 17.000 millones anuales”, resaltaron desde Conaduv.
Piden que autopista se incluya en el presupuesto nacional
En el marco de las continuas protestas por la grave situación de la ruta nacional 7 en materia de seguridad, dirigentes de la región reclamaron al Gobierno nacional que la construcción de una autopista que una la ciudad de Luján con Junín sea incluida en el presupuesto 2013.
“Sabemos que la construcción de la autopista no está dentro del plan de infraestructura vial prefijado para este año, pero queremos trabajar para que sí lo esté en 2013”, comentó la concejal del Frente para la Victoria (FpV) de Junín, Virginia González.
La edil agregó además que “el año pasado, Gustavo Traverso -en su campaña para intendente- planteó el tema de la autovía como una de las cuestiones de mayor trascendencia para la ciudad, incluso le trasladó la inquietud a la presidenta Cristina Fernández cuando lo recibió en la Casa Rosada, en octubre”. Sin embargo, aclaró que “las decisiones están lejos de nosotros”.
“Les estamos pidiendo a los diputados Rocío Giaccone y Darío Golía que se hagan eco de nuestra preocupación y la transfieran al resto del Congreso”, concluyó la legisladora al respecto.
En la Provincia, el 24% de inspecciones a choferes y micros mostró infracciones
El 24% de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense a choferes y micros de larga distancia en terminales de ómnibus durante el último fin de semana largo mostró infracciones, por lo que fueron suspendidos 13 servicios.
La cartera reportó que sobre un total de 717 inspecciones se detectaron 231 infracciones y 13 suspensiones de servicios.
Asimismo, fueron relevados 1.195 trabajadores, de los cuales se vieron afectados por las infracciones 281.
La terminal de La Plata mostró el índice mayor de faltas, con el 48% del total. Allí se hicieron 149 inspecciones en las que se detectaron 71 infracciones y 2 suspensiones, mientras fueron relevados 298 trabajadores.
En Avellaneda se realizaron 45 inspecciones y se labraron 5 infracciones (11%) y en Puente La Noria, Lomas de Zamora, fueron 158 las inspecciones con 43 infracciones detectadas y 10 suspensiones (27%), mientras en Talar de Pacheco, Tigre, se hicieron 150 inspecciones con 11 infracciones y 1 suspensión (7%).
A su vez, en Mar de Ajó se realizaron 60 inspecciones y se infraccionaron 7 unidades (12%) y en Villa Gesell se hicieron 55 inspecciones, en las que se detectaron 5 infracciones (8%), mientras que en Mar del Plata en 100 inspecciones se encontraron 11 infracciones y una suspensión (11%).
“Que todos cumplan lo que tengan que cumplir”
Uno de los funcionarios que reclamó en reiteradas ocasiones el desarrollo de obras en la autopista La Plata-Buenos Aires, el defensor del pueblo de Avellaneda, Sebastián Vinagre, dijo ayer a Hoy que se trata de “una resolución adecuada, pero insisto en que es una cuestión que debe resolver la administración en un acuerdo con la empresa, con la concesionaria y con los usuarios. Para eso está el Estado, para representarnos dignamente frente a los distintos intereses”. “La verdad que me hubiese gustado que se llegue a esta resolución en una forma acordada y acotada a los intereses de la empresa, de los usuarios y la Provincia. Que todos cumplan lo que tengan que cumplir y que no haya una orden judicial que los obligue a cumplir lo que está escrito en sus contratos y que lo borren con el codo”, expresó Vinagre.
Para concluir, el ómbudsman de Avellaneda insistió: “Tenemos que lograr que las instituciones que nos representan funcionen de acuerdo a las expectativas que tenemos los argentinos y no estar pretendiendo una guerra de unos contra otros”.
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