“Nosotros estamos obligados por el art 120 de la Constitución Nacional a representar y defender los derechos de la sociedad. Y como este emprendimiento provocará consecuencias de impacto ambiental, según las denuncias de las asociaciones ambientalistas de Corrientes y de Entre Ríos, se ordenó la investigación y las fuerzas de seguridad deben recopilar todas las pruebas documentales que justifiquen una acción penal” explicó en principio el Fiscal Federal, con asiento en la ciudad de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont al ser entrevistado por el programa La Mañana.

Amplió su argumentación al referirse a que no sólo de esta provincia están preocupados por las consecuencias ambientales que puede acarrear el emprendimiento Ayuí Grande, motorizado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformado por COPRA-ADECOAGRO Y PILAGÁ. La inversión prevé represar el Arroyo Ayuí, es decir tomar agua de ese curso e inundar unas 8 mil hectáreas de campo con el objetivo de sembrar más extensiones de arroz, plantar otros cultivos y criar ganado vacuno intensivo.

“Las dudas surgen de ambientalistas de Corrientes y Ente Ríos; entonces esos nos puso en alerta para presentar un recurso de acción penal en el Juzgado de Paso de los Libres, a cargo de la Juez Mabel Borda” precisó Pont.

Que seguidamente puntualizó que ese estrado judicial federal del sur de la provincia tiene bajo su jurisdicción y competencia todo lo que es la cuenca de la costa del Rio Uruguay en la provincia de Corrientes.

El Fiscal indicó que por el momento sólo cuentan con información periodística en abundancia de las dos provincias; inherente a la cuenca del torrente que hace de límite tanto a la Argentina como al Uruguay y sus afluentes. “La investigación está sustentada en eso: saber qué consecuencias tendría, basada en el art 182 del Código Penal Argentino” fundamentó Pont.

Investigarán primero quiénes son los pobladores ribereños del

Arroyo Ayuí, los propietarios de los campos. Identificarlos, fotografiar en forma aérea si hay maquinarias en terreno, si es que hay construcciones o preparativos para tales circunstancias.

Para ello se emitieron diferentes órdenes a todos los organismos de seguridad para obtener la información fidedigna en pos de obtener las pruebas documentales que permitan motorizar y acreditar la justificación de un requerimiento o de instrucción judicial.

“Aparentemente se está cometiendo un delito y si hay algo que perjudique al medio ambiente, habrá que proceder para impedirlo” concluyó el fiscal de paso de los Libres Benito Pont.