Pese a estar prohibida por la ley provincial 7.479, la quema de cañaverales se convirtió en un problema crónico de Tucumán, que se repite año tras año durante los meses de la zafra, contaminando el aire, afectando la visibilidad en las rutas y ocasionando cortes de energía, debido a que muchas veces las llamas alcanzan cables de alta tensión.

El último fin de semana los bomberos y la Policía Vial no tuvieron respiro debido a varios focos de incendio de cañaverales en las zonas Este y Sur de la provincia, cuyas consecuencias también se percibieron en la Capital, debido a que el viento arrastró las densas nubes de cenizas.

Pese a que desde la Secretaría de Medio Ambiente aseguran que la quema de cañaverales se redujo en comparación con años anteriores, se teme que lo peor todavía está por venir en agosto. Ello debido a que es un mes que se caracteriza por los fuertes vientos, que tornan incontrolables a esos incendios, en su mayoría generados intencionalmente.

En este sentido, los productores realizan la quema de caña para abaratar los costos, debido a que muchos no pueden (o no quieren) recurrir a un mecanismo de cosecha integral y a contratar mano de obra para que sea manual.

A propósito de esas prácticas, el gobernador José Alperovich dijo ayer a la prensa que el Poder Ejecutivo está "trabajando fuerte" para evitarlas, aunque reconoció que "si no hay una responsabilidad de los empresarios no se puede hacer nada".

Causa federal

En la intención de ponerle freno a esta situación, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, inició ayer, de oficio, una causa penal a los fines de constatar la posible comisión de delitos previstos en leyes nacionales.

El funcionario judicial advirtió a EL SIGLO que se estaría frente a la presunta violación del artículo 194 del Código Penal, referido al Entorpecimiento de Transportes y Servicios Públicos, en este caso, el de energía, delito para el cual está prevista la pena de prisión de tres meses a dos años. Además, Gómez entiende que se estaría cometiendo un delito previsto en el artículo 186 (inciso b) de la misma norma, que establece sanciones para incendios y otros estragos con penas de reclusión o prisión de tres a diez años. Finalmente, según el fiscal federal, se estaría violado la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, en razón de que la quema de cañaverales y pastizales, además de generar cortes en el sistema energético, también "han ocasionado una gran contaminación del aire, arrojando un grave peligro al ambiente en general".

En tal sentido, recordó que los desechos que provoca la quema de cañaverales (nube de hollín) se transportan, por acción de los vientos, de un lugar a otro y a menudo ocasionan graves problemas respiratorios y oculares en las personas, como así también la contaminación de los ríos de la provincia, que integran la cuenca Salí-Dulce y desembocan en el dique de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

Gómez explicó que la competencia de la Justicia Federal para investigar estos hechos está plenamente constatada al existir una interjurisdiccionalidad. "El humo proveniente de la quema de cañaverales afecta el tráfico aéreo y las nubes de ceniza, por acción del viento, se transportan a provincias vecinas. Además, lo que resulta más grave, es el hecho de que estos incendios muchas veces generan cortes en el servicio energético afectando a varias jurisdicciones", explicó.

Ante los argumentos expuestos, el fiscal federal general entiende que "existiría la comisión de tres delitos en concurso ideal (contaminación, incendio y entorpecimiento de transportes y servicios públicos, en este caso de electricidad)".

“Una práctica desaprensiva y criminal”

Desde la organización Conciencia Ambiental Tucumán expresaron su preocupación por los daños ambientales que ocasiona la quema de cañaverales y pastizales.

"La quema de cañaverales en esta provincia se convirtió en una práctica desaprensiva y criminal, que se realiza con toda impunidad, provocando daños por demás irreversibles en el medioambiente, con la emisión a la atmósfera de gases tóxicos (óxidos, dióxido de carbón, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, responsables de la famosa lluvia ácida)", advirtió Pedro Martínez, titular de esa agrupación ambientalista.

Según el dirigente, "esta práctica trae aparejadas muchas consecuencias desagradables para la salud de los seres humanos, principalmente con afecciones a las vías respiratorias" y agregó que "el humo provoca accidentes en las rutas".

Martínez también cuestionó al secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, porque "se lo ve como un gran defensor de los supuestos avances y progresos de los cañeros e industriales, cuando su deber es velar por la seguridad ambiental de la provincia durante las 24 horas". El titular de Conciencia Ambiental consideró que el funcionario "tiene que estar presente en cada quema de cañaveral y no justificar en cada declaración los trabajos que en realidad no se ven o son mínimos".