Una vez más temblaron los cimientos de la Universidad Nacional de Tucumán, que supo fundar un 25 de Mayo de 1914 el doctor Juan B.Terán, cuando ayer cerca del mediodía, ingresaron efectivos de Gendarmería a dependencias de la Facultad de Filosofía y Letras. El hecho tiene relación a una denuncia penal realizada contra el actual rector de la Alta Casa de Estudios, Juan Alberto Cerisola, y la ex vicerrectora, María Luisa Rossi de Hernández, y responde a una requisitoria del fiscal Federal N°2, Carlos Brito, dispuesta por el juez Mario Racedo.

Si bien algunos funcionarios universitarios intentaron minimizar este acto, aduciendo que la Justicia Federal actuó bajo la influencia de cierto sector político, fuentes vinculadas a la causa afirmaron que la incursión del personal de Gendarmería Nacional corresponde al avance que experimentó la investigación para establecer la responsabilidad de las entonces autoridades universitarias, en los supuestos delitos de fraude en perjuicio de la UNT, por el manejo de las regalías que distribuye Minera la Alumbrera.

La presentación fue efectuada por el arquitecto Ramón Eudal, en calidad de egresado de la UNT, al tomar conocimiento de que “el dinero recibido por la UNT de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio(YMAD)- Alumbrera, sería dinero ilegal porque provendría de un delito”, en clara referencia a los problemas de contaminación que ocasionaría el emprendimiento minero a la cuenca Salí-Dulce. Pero además, Eudal solicitó a la Justicia Federal que se investigue si “se usó este dinero (unos 400 millones de pesos) para posibles actos de corrupción, por los hechos y manifestaciones que son de dominio público”.

Puntualmente, el profesional consignó versiones periodísticas donde quedaron reflejados incidentes registrados en una sesión del Consejo Superior de la UNT, previa a la elección de autoridades, “cuando un grupo de consejeros superiores, entre ellos varios decanos, solicitaron por nota al Rector un informe de cómo se habían invertido los fondos provenientes de YMAD-Alumbrera”. Fue en esas circunstancias, el 17 de noviembre de 2009, cuando el informe del rector Cerisola sobre los gastos con el dinero provenientes de YMAD-Alumbrera, fue fuertemente cuestionado por el entonces decano de Arquitectura, Pablo Holgado, por el régimen especial de contrataciones establecidas mediante resoluciones del Rector, dejando de lado las normas establecidas en el orden nacional, como Ley de Obras Públicas.

En ese momento, el director de Asuntos Jurídicos de la UNT justificó tal decisión, al señalar que en que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación caracterizó a YMAD “como una empresa interestadual que no puede asimilarse a una entidad autárquica, por cuanto no cumple con fines específicos de la administración pública nacional, o sea que se trata de una persona jurídica empresarial de derecho privado y por lo tanto no se rige por las leyes nacionales de las empresas del Estado ni pertenece a los cuadros de la administración pública”. Sin embargo, Holgado rebatió esto leyendo un artículo que declara que las universidades estatales forman parte de la administración pública nacional, y señaló que por lo tanto debió aplicarse la Ley de Obras Públicas. Por último, cuestionó severamente las resoluciones 365 y 366 del régimen especial dispuesto por Cerisola, para contratar en forma directa las obras proyectadas en distintas dependencias universitarias, con fondos provenientes de las regalías de Mineras la Alumbrera.

Pero cuando nadie lo esperaba, a más de un año de la presentación del arquitecto Eudal, ayer, cerca del mediodía un grupo de agentes de Gendarmería llegó hasta las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, en el Parque 9 de Julio, para constatar la realización de algunas obras expuestas por el rector Cerisola como un logro de su gestión, con los recursos que aportó Minera la Alumbrera.

La inspección o allanamiento ordenado por la Justicia Federal, el primero de una larga serie, provocó sorpresa en los estamentos universitarios, que por muchas horas se mantuvieron en silencio. Hasta que cerca de las 21 horas, algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical vinculados a la UNT como Marcelo Altamiranda, Mauricio Argiró y Ariel Apichela por medio de un vocero (Pablo López, firmó el comunicado), advirtieron que “que las últimas medidas adoptadas por la Justicia Federal en la Universidad Nacional de Tucumán son la herramienta que utiliza el alperovichismo y el kirchnerismo para poner en duda la dignidad de numerosos hijos de la UNT que hoy son candidatos opositores en nuestra provincia".

Agregaron que "no somos ingenuos, con esta acusación intentan enlodar a numerosas figuras de la oposición - de diferentes partidos y extracciones ideológicas- vinculados hoy a la Universidad, ex funcionarios o egresados de ella. Los nombres todos los conocen: desde el doctor Rodolfo Campero, funcionario de YMAD, hasta el contador Rodolfo Succar, pasando por el senador radical José Cano; el actual secretario de la UNT Luis Sacca; el director de YMAD Florencio Aceñolaza; el presidente de la UCR, Federico Romano Norry; la doctora Nora Vázquez de Argiró; el dirigente del MP3 Rodolfo Burgos; o el secretario de la Facultad de Derecho Fernando Valdez, sólo por nombrar algunos". Altamiranda, Argiró y Apichela van más allá en sus palabras, al señalar que "ante la evidente pérdida de credibilidad y utilizando deplorables métodos para mantenerse en el poder, el oficialismo apela ahora a esta bajeza: poner en duda el rol de prestigiosos profesionales egresados de la Universidad. La estrategia es clara: deslegitimar a quienes lo cuestionan y con posibilidades de ser electos por los tucumanos. Por último, lamentamos que estos viejos expedientes judiciales despierten de su habitual letargo justo en períodos de campañas electorales y en vísperas de una elección clave para los tucumanos".

Estos dirigentes radicales, a su vez empleados de la UNT, al parecer responsabilizaron al Gobierno de la Provincia de la decisión adoptada por la Justicia Federal y reducen a mezquinos intereses políticos la investigación que lleva adelante el fiscal Brito, bajo la instrucción del juez Mario Racedo, en un intento de desviar la atención. Cuando el ministerio público lo único que intenta establecer, es si hubo o no, algún delito en la administración de casi 400 millones de pesos que Minera la Alumbrera entregó a la UNT entre agosto de 2006 y septiembre de 2009.