La expropiación por parte del Estado de la propiedad de San Lorenzo 355, con el objetivo de que el Tribunal de Cuentas tenga acceso a sus cocheras internas y pueda ampliar sus oficinas, será discutida el lunes a las 11 en una audiencia en el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la II Nominación.

De un lado estarán los representantes de la Legislatura y del Poder Ejecutivo y, del otro, el abogado Manuel García Fernández, quien interpuso una acción de amparo colectiva en defensa de la vieja casona, al considerarla parte del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural provincial.

El letrado actuó a nombre propio, y pidió que se cite al defensor del Pueblo, Jorge García Mena, como tercero interesado en la polémica sobre el uso del inmueble, pero su solicitud fue rechazada.

Por aparte, se sustancia otro proceso judicial encarado por la familia Manganelli, propietaria de la vivienda, cuyos abogados son José Ricardo Falú y Francisco García Posse. En esta causa se pidió la nulidad de las leyes expropiatorias: hay que recordar que se debieron sancionar dos, ya que la primera tenía defectos en su redacción. Ambas presentaciones fueron efectuadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, pero el tribunal se declaró incompetente en el caso García Fernández. Respecto de la presentación efectuada por los Manganelli, se excusó el vocal de la Corte, Alberto José Brito, y aún no hay resolución sobre si intervendrá la máxima instancia judicial o si lo derivará a despachos inferiores.

El expediente de García Fernández cayó en manos del juez Carlos Arraya a mediados de diciembre, y ahora se actualizó ante la decisión del magistrado de llamar a las partes para discutir el fondo del amparo.

"La medida que adoptó Arraya está en tono con la más avanzada de las tendencias del juez moderno que busca ayudar a solucionar un conflicto de estas características y donde la trascendencia del interés público y la gravedad institucional del asunto son evidentes", aseveró el letrado accionante. Aclaró que en la audiencia reclamará que se preserve la fachada y la entrada de la propiedad, independientemente de que la expropiación se concrete.