La Justicia de Egipto derogó el decreto que le permitía a las Fuerzas Armadas arrestar a civiles sin la necesidad de un permiso judicial. La decisión la tomó ayer el Tribunal Supremo y representa un revés para la Junta Militar en medio de la pelea que mantiene con los Hermanos Musulmanes, los islamistas que ganaron las elecciones presidenciales y que se preparan para asumir el poder.

El decreto, emitido el 13 de junio e impulsado por el Ejército, permitía a la policía militar y a miembros de inteligencia detener a civiles por delitos tales como “crímenes y faltas dañinos para el gobierno”, “desacato a la autoridad”, “obstrucción del tráfico” o “ huelgas en instituciones públicas”.

Los organismos de derechos humanos leyeron en esa sanción la intención de restaurar el estado de sitio que había sido levantado a finales de mayo, tras 30 años de vigencia durante el gobierno de Hosni Mubarak.

El fallo se encuadra en el enfrentamiento de la Junta Militar, vinculada al régimen de Mubarak, y los Hermanos Musulmanes. Esas potestades le permitían a los miembros del Ejército detener a partidarios del nuevo presidente Mohamed Morsi, que protestan en las calles, cuando lo crean necesario .

A pesar de que la Junta había anunciado que entregaría el poder al ganador de las elecciones, una serie de medidas que tomó unas horas antes de la segunda vuelta, elevaron la tensión. El 14 de junio, el Tribunal Constitucional invalidó las extensas elecciones a diputados y disolvió el Parlamento, liderado por los Hermanos Musulmanes y los salafistas y embistió contra la Asamblea Constituyente que debía redactar la Carta Magna. Apenas cuatro días más tarde, el 18, mientras la Comisión Electoral contaba votos, se emitió un anexo del decreto de la Junta Militar, que recortaba el poder al nuevo presidente y se arrogaba prerrogativas tales como la confección de la nueva Constitución y también del presupuesto nacional.

El Tribunal Supremo derogó ayer las posibilidades de arresto sin permiso judicial, pero aún tiene en sus manos otros temas importantes . Precisamente debe aún decidir sobre los recursos en contra de la disolución el Parlamento y sobre quién debe controlar la redacción de la Carta Magna, pero esos fallos fueron aplazados, el primero hasta el 7 de junio, y el segundo, para el 1 de septiembre.

Otro punto de rispidez entre Morsi y la Junta Militar era el lugar donde deberá hacerse el sábado la ceremonia de asunción. El nuevo presidente quería hacerlo en el Parlamento, a su juicio, “la institución más democrática”, pero después de mantener una charla con los líderes militares, resolvió hacerlo en el Tribunal Supremo, para no tensar más la situación antes de tomar el poder.