A horas de conocerse el anuncio del gobierno del intendente Pulti de que el Ejecutivo desalojaría y tomaría posesión de las UTF 4a, 7 y 8 del Complejo Playa Grande, el Dr. Alberto Morteo, representante legal de los actuales concesionarios, advirtió que la acción era “inviable” debido a que no existía una “decisión judicial firme” ya que había “sido recurrida” por sus clientes por Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
En ese sentido, el intendente Pulti firmó los decretos Nº 1232 y 1233 por los cuales designó a la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales para actuar en nombre y representación del Municipio de General Pueyrredon en el “procedimiento de desalojo” de los mencionados balnearios.
En tanto, ante la acción de la Comuna, el Dr. Alberto Morteo, afirmó que sus clientes “ya pidieron la tenencia de la unidad porque la Cámara hizo lugar a los recursos interpuestos”.
“El 8 de junio la Cámara hizo lugar a los recursos que nosotros presentamos en la Corte y ordenó la suspensión de la sentencia de desalojo, pero el día 9 la municipalidad fue (al complejo) con un mandamiento anterior y tomó posesión del Balneario 4a”, expuso.
En consecuencia, el letrado señaló que, además de la solicitud de restitución, los permisionarios “iniciaron (una demanda por) daños y perjuicios porque se está incumpliendo una orden de un tribunal superior, que es la Cámara”.
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