Los Mendoza y la letrada del sucesorio de la "Estancia Cortadera" denunciaron que "los integrantes de la supuesta comunidad aborigen vienen de otros lados, no son tilcareños.
En esta última usurpación realizada a la familia Mendoza introdujeron las carpas, lo que indica claramente que no existe posesión. La madre de los Mendoza, Narcisa Quispe de Mendoza, se encargaba de dar en arriendo parte de la estancia, y la gente la reconoció siempre como propietaria, además de los actos posesorios realizados por ellos a lo largo de esos años que tienen por sus ancestros, que demuestran que fue continua e incluso viven allí.
Citro señaló que "el fiscal de la causa, el doctor Maldonado, ordenó a esta comunidad retirarse, atento a las pruebas presentadas justamente por los Mendoza, y a la comunidad, que no presentó nada que avale sus derechos en la causa, el fiscal tomó esta determinación conforme a derecho, de pedirles el retiro de esa propiedad. Esta gente niega retirarse y en este caso ahora realizan todas estas maniobras de cortes de ruta".
Apuntó que "la orden de retiro está dada por la denuncia penal del 11 de septiembre, porque están acreditados los hechos tal cual estamos manifestando, pero no se hace efectiva a través de la fuerza pública. Nosotros les decimos que tienen que acreditar sus derechos sino deben ser retirados con la denuncia penal y el desalojo. Ellos se basan en la Ley 26160, pero no es aplicable en este caso, como la Justicia Civil lo ha dicho”, subrayó.
Comentá la nota