La Justicia desestimó amparos de contratados estatales que cesaron en sus funciones. La Cámara Laboral de Viedma cuestionó formalmente esa vía, pero además, entendió que el gobierno aún evalúa "cuáles son los contratos por renovar" y también reiteró que el contratado no goza de estabilidad en "tanto no haya ingresado por concurso".

Los fallos iniciales se corresponden con acciones individuales, pero además, el mismo cuerpo -integrado por Ernesto Rodríguez y Roberto Maturana- rechazó el amparo del secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi por "la situación de unos 3.000 empleados". Estas resoluciones coinciden con las concreciones de los ceses de actividad y, consecuentemente, con la profundización de las protestas en los distintos ámbitos gubernamentales.

En su presentación, Scalesi planteó que la no renovación contractual es una medida "arbitraria y de incertidumbre". tratándose de "una sanción disciplinaria encubierta". En este caso, los magistrados plantearon su negativa porque la acción judicial llega cuando "los contratos ya habían expirado por el simple transcurso del tiempo", considerando que se formalizó en enero cuando la relación laboral concluyó el 31 de diciembre.

Además, el Tribunal aclaró que "no se advierte una lesión a derecho constitucional flagrante" que amerite recurrir a esta vía ni garantías vulneradas que impidan" el uso de la instancia ordinaria. El fallo recuerda al STJ que "ha dicho que el personal contratado por el Estado no goza de estabilidad en el empleo público" en "tanto no haya ingresado por concurso".

Antes de la resolución de Scalesi, la Cámara falló en expedientes originados a fines del año pasado por porteros. La contratada -con funciones en el CEM 8 de Viedma- argumenta en su presentación que presta servicios desde setiembre del 2009, recurre a los jueces por esta situación "arbitraria" , entendiendo que "la modalidad es dejar a los trabajadores en la calle para tener nuevos lugares para contratar a los partidarios de la nueva administración".

Por Educación, el director de Asuntos Legales, Ariel Gallinger explicó que ese Ministerio, "cumpliendo con las instrucciones del gobernador y de Función Pública, "se encuentran en proceso de determinar cuáles son los contratos que deben ser renovados en función de las necesidades funcionales", en el marco de las normativas de educativa y económico-financiera.

Además, desde la Fiscalía de Estado, Natalia Falugi pidió su rechazo por "la evidente ausencia de derecho del peticionante", por cuanto "la eventual discontinuidad laboral con el Estado no supera el mundo de las hipótesis". Los magistrados expresan que la contratada explica su acción por "una noticia periodística