La Justicia detuvo demolición de la cárcel de San Martín, pero la Provincia apelará

La Justicia detuvo demolición de la cárcel de San Martín, pero la Provincia apelará

El juez federal Vaca Narvaja hizo lugar al amparo presentado por Luis Baronetto. Desde el Gobierno afirman que el dirigente actuó “sin información” y que se preservarán los lugares donde estuvieron alojados los presos políticos.

 

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja hizo lugar al recurso de amparo presentado por el dirigente de Derechos Humanos, Luis Baronetto, y paralizó la demolición de la vieja cárcel de barrio San Martín, ex UP1, escenario de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Sin embargo, la Provincia anunció que apelará la medida, y la ministra de Justicia, Graciela Chayep, afirmó a LA MAÑANA que “Baronetto está mal informado” sobre los planes del Gobierno para el parque que se pretende levantar en el predio. Según la funcionaria, el proyecto prevé preservar los espacios construidos en la vieja penitenciaría para alojar a los presos políticos de la dictadura, y que podrían ser parte de las pruebas en juicios por violaciones a los derechos humanos. Además, Chayep afirmó que “hay que preguntarle a los vecinos qué opinan sobre este edificio”, que ocupa unas seis hectáreas.

Ayer, Vaca Narvaja dictó la medida de “no innovar” y ordenó que no se avance con la demolición del penal. Con la apelación, el tema irá a la Cámara de Apelaciones, y la demolición quedará paralizada mientras tanto.

En declaraciones a Canal 10, el juez federal Nº 3 dijo que “se dictó la medida de no innovar para que, si existía la intención de demoler este inmueble, no se proceda en este sentido. La cárcel de San Martín constituye un objeto de prueba importante. Dado que en cualquier delito penal hay que proveer las condiciones de tiempo, lugar y modo, estamos hablando precisamente del lugar donde se produjeron varios hechos. En el Juzgado tenemos, por ejemplo, una causa en que se investigan actos de violencia en el marco del terrorismo de Estado”.

“Si se demoliera la cárcel, no se podría probar en qué lugar se cometieron los hechos. Por lo tanto, no admite argumentos en contra”, agregó el magistrado.

La cárcel de San Martín fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y también de más cruento motín que se recuerde en la historia carcelaria de la provincia. A mediados del pasado mes de abril, el gobierno finalizó el traspaso de los internos a la cárcel de Bouwer. El proyecto es construir un espacio verde, que sería similar al parque Kempes que se ubica al lado del estadio mundialista.

En el amparo presentado anteayer, Baronetto argumenta que con la demolición “se podrían destruir elementos de prueba necesarios para los juicios por delitos de lesa humanidad” que se están desarrollando o que se desarrollen a futuro. “El eje de la medida solicitada son los juicios por crímenes de lesa humanidad cuyas sentencias aún no están firme. También nos basamos en los procesos en curso en los que se podría necesitar de las instalaciones de la cárcel para concretar medidas”, comentó ayer el amparista.

“Vamos a preservar los sitios”

Chayep aseguró que “hubiera sido bueno que Baronetto nos preguntara sobre el proyecto” antes de presentar el amparo. Tras indicar que el proyecto prevé preservar el pórtico de la cárcel, dos laterales construidos por el arquitecto Francisco Tamburini, y los sectores que alojaron durante la dictadura a los presos políticos, aseguró que “se respetarán todas las señalizaciones instaladas en diciembre del año pasado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”. Se trata de señalizaciones exteriores a la unidad carcelaria, ubicadas en cumplimiento de una ley nacional.

La ministra señaló que “hay un espacio dentro del penal que son tres pisos de celdas que construyó el Ejército para los presos políticos, y nada de eso se va a tocar”. Además, en referencia a la ejecución de una treintena de detenidos políticos en fraguadas “ley de fugas”, dijo “solo dos presos políticos fueron asesinados en el interior de la cárcel, los otros fueron muertos afuera”. Quienes murieron en el interior de la cárcel fueron Raúl Bauducco, a quien mataron en el pabellón, José René Moukarzel, quien murió estaqueado en uno de los patios del penal. “Nosotros vamos a preservar la parte donde estaban alojados y donde mataron a estos presos, no se tocará el lugar construido específicamente por el Ejército para ellos”, remarcó la funcionaria. Además, aseguró que la demolición no se haría con explosivos sino con el “sistema tradicional”, que no supo explicar en qué consiste.

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