La jueza acordó así con el criterio de la Fiscalía de Cámara que entendió que no se acreditaron actos u omisiones de los cuales surgiera una amenaza inminente de la producción de desmontes y por encontrarse en curso acciones penales y actuaciones administrativas promovidas en igual sentido, además de no haberse acreditado que estas vías no fueran idóneas para la protección del derecho lesionado.

Y es que tras la denuncia realizada la Secretaría de Ambiente había suspendido las actividades de cadeneo y cuadriculado de las superficies para un consecuente desmonte. Esta situación ya conocida por las comunidades se dan en el norte, a pesar de que muchas regiones se encuentren en zonas que, según el ordenamiento territorial, mantienen la prohibición de desmontes.

De hecho, al analizar la situación de cada uno de los catastros la Justicia comprobó que no había autorización para uno de ellos.

Pero en el otro "se había autorizado un desmonte selectivo vigente hasta el 3 de octubre de 2010". Para la fiscal y la jueza, no hubo incumplimiento de la Secretaría al autorizar este desmonte.

En octubre del año anterior se paralizó el trabajo de una máquina que abría una picada en uno de los inmuebles, secuestrándose el equipo y la madera.

"No existen trabajos de desmontes ni actividad alguna de la que se pueda inferir la amenaza de talas en el área cuyos bosques nativos se pretende preservar de manera de configurarse la probabilidad del daño como alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos", sostuvo la magistrada en su resolución.