La Oficina de Defensa al Consumidor elevó a la justicia penal las 206 denuncias presentadas por los damnificados del consorcio Barrio San Juan y remitió las actuaciones administrativas a la dirección de Comercio Interior tras el fracaso de la audiencia conciliatoria realizadas ayer.

Los directivos de Cospat SRL, el gremialista Juan Kopprio, Juan Azocar y Claudio Oyarzún, imputados por "falta de información" e incumplimiento de contrato" no concurrieron a la convocatoria de la Omiduc que reunió a más de 300 perjudicados en el Gimnasio Municipal 1, pese a la gélida mañana. Tampoco asistió el secretario General de UPCN, Juan Scalesi, que negó toda vinculación con el proyecto en una carta documento.

El jefe de la Omiduc, Guillermo Perea, Informó que la repartición "presume la existencia de delito" en el caso y por lo mismo elevó los 206 expedientes a la Unidad Fiscal de Atención Primaria.

Esa presentación se sumará a la denuncia penal presentada el 11 de mayo por 86 damnificados que denunciaron a Kopprio, Oyarzún y Azocar por presunta estafa. En el marco de esa causa se pidió la restricción de salida del país para los tres directivos.

En el plano administrativo, Perea explicó a "Río Negro" que se elevarán las actuaciones a la dirección Comercio Interior para defina la eventual aplicación de una multa y del criterio de "daño directo" por el que se podría exigir a los denunciados el "resarcimiento de la gente".

Kopprio, Oyarzún y Azocar fueron señalados como responsables de la presunta estafa cometida con los consorcios Barrio San Juan y Nahuel Hue 2 que proyectaban unos 190 lotes con vivienda y respectiva urbanización, comercializados a través de Cospat que funcionaba en la vieja sede de UPCN Bariloche. La firma reclutó unos 520 inscriptos que pagaron entre $5.000 y $10.000 en aportes mensuales.

La ausencia de los directivos de Cospat generó decepción y alguna tensión entre los presentes, pero el pasaje que causó mayor indignación fue la lectura de la carta documento remitida en abril por Scalesi, que desconoció el proyecto de viviendas, la firma que lo comercializa y la vinculación de Kopprio con ambos. La negación de toda vinculación entre UPCN Río Negro y "la práctica de comercialización de tierras y o viviendas" disparó una ola de reclamos entre los presentes que aseguraron tener sellos del gremio en sus contratos.

Durante la audiencia Perea leyó todas las pruebas reunidas en el expediente que exponen con crudeza la gravedad de las irregularidades cometidas por los directivos de la SRL, que no tienen la propiedad de las tierras ni la aprobación de la urbanización comercializada.

El único visto bueno que obtuvo la consulta preliminar presentada por Oyarzún en el municipio fue el aval otorgado por el expresidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Oscar Zamora, que calificó como aptas para loteo social las tierras de González Lera que pretendía adquirir la firma.

La tramitación se frenó cuando la secretaría de Planeamiento requirió la ampliación de documentación presentada -que se limitaba a dos planos de mensura- y la realización de estudios para evaluar la urbanización pretendida. Cospat retiró los planos en noviembre de 2011 y no volvió a realizar ninguna presentación, pero continuó comercializando ambos emprendimientos.