Baraldini está prófugo desde que en octubre de 2003 la justicia reabrió la causa de la Subzona 14 y detuvo a los represores pampeanos por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, a pesar de que pasaron ya siete años, es buscado por la justicia que hoy considera que "está en el país y no en Bolivia".

Rastro perdido.

Primero se lo buscó en Bolivia cuando el juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado 3 porteño a cargo de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, estaba a cargo del proceso. Se sospechaba que se encontraba allí ya que tiene una hija, y además importantes contactos ya que durante los años 80, todavía en tiempos de la dictadura argentina, fue enviado militar a ese país. En el año 2008, personal de Interpol fue hasta Santa Cruz de la Sierra donde se lo había observado, pero no lo halló. Después su rastro se perdió en medio de acusaciones de integrar un grupo paramilitar que ayudaba a los secesionistas bolivianos contra el presidente Evo Morales y que también estaba conformado por otros ex carapintadas argentinos.

Al ministerio.

El 19 de abril pasado, cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa había puesto en marcha el juicio oral y público contra los represores pampeanos, se volvió a requerir su búsqueda y detención como cuestión prioritaria para la causa. Más allá de que Baraldini no puede ser juzgado junto a los otros ex oficiales que hoy están detenidos, al menos se le abriría un proceso paralelo.

En esa fecha, el juez José Mario Tripputi pidió al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, la reiteración del pedido de captura nacional e internacional, para trasladarlo luego a La Pampa de ser encontrado.

Según indicaron fuentes tribunalicias, se considera que Baraldini está en el país y no en Bolivia. De hecho, tiene familia en Capital Federal y en Santa Rosa. Las sospechas de que ha visitado en algunas oportunidades la capital provincial siempre han existido.

Tripputi además consideró como "imprescindible" ubicar al ex coronel. También solicitó que se eleve el monto de la recompensa ofrecida para revelar su actual lugar de residencia que ronda los 100 mil pesos.

Actualmente, luego de ese pedido, está a cargo de su seguimiento la Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. En tanto, el Ministerio de Alak, ante la solicitud judicial, cursó radiogramas a las distintas fuerzas de seguridad para sostener la búsqueda.